Redacción Vía Córdoba
La Cámara Criminal y Correccional de Río Cuarto confirmó que este lunes 1 de septiembre iniciará el juicio contra Eduardo Javier Andrada y Analía Elizabeth Morales, exfuncionarios del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), acusados de impedir que Pablo Musse se despidiera de su hija Solange, quien murió por cáncer.
Solange falleció en 2020 sin la posibilidad de un último encuentro con su padre. La joven padecía un cáncer de mama en estadio cuatro, con metástasis avanzada en huesos, hígado y pulmones. Su papá emprendió un viaje de 40 horas sin interrupción desde Neuquén, atravesando Río Negro y La Pampa, con el objetivo de verla por última vez en Córdoba.
La palabra de Pablo Musse previo al juicio contra los exfuncionarios del COE
Este jueves, Musse se pronunció previo al juicio contra los exfuncionarios del COE que le impidieron el último adiós a su querida Solange. “Lamentablemente hay dos imputados, queríamos a la cúpula del COE”, dijo con la voz quebrada, en diálogo con El Doce.
Musse apuntó contra Claudio Vignetta, Juan Ledesma y Diego Cardozo, quienes tenían cargos trascendentales en aquel entonces. En paralelo, lamentó que la causa se encuentre en un juzgado provincial y no federal.
“La justicia apuntó para otro lado, pero queremos que esto marque un antecedente para que la gente pueda hacer lo que hicimos nosotros. Los abogados dicen que ir contra el poder es difícil y nosotros dijimos que íbamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró.
Por último, palpitó el inicio de la primera audiencia que será desde las 8.30 del lunes 1 de septiembre en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto y sentenció “no los voy a perdonar”.
El caso de Solange Musse y el juicio contra los exfuncionarios del COE
Al llegar a Huinca Renancó, Pablo presentó la documentación necesaria, incluyendo un permiso de circulación nacional y un certificado de retorno, cumpliendo con los requisitos del extinto COE, que exigía un hisopado negativo 48 horas previas al ingreso.
Sin embargo, a pesar de obtener dos resultados de test que fueron dudosos, los imputados Andrada, quien dirigía el Hospital de Huinca Renancó y estaba al frente del COE, y la trabajadora social Morales, habrían incurrido en abuso de autoridad.
Presuntamente, ordenaron su regreso, escoltado por personal policial. Esta acción, según la acusación, habría incumplido lo que mencionan los protocolos de ingreso vigentes durante la pandemia, los cuales indicaban que una persona con un caso sospechoso debía ser evaluada en un centro médico.
La imposibilidad de despedirse de su hija, conforme denunció el abogado Carlos Nayi, representante legal de los padres de Solange, significaría una violación al Protocolo 48 sobre circulación de personas en territorio cordobés. Dicho texto establece que individuos no residentes en la provincia pueden ingresar y transitar bajo circunstancias de “fuerza mayor”, tales como el fallecimiento de un consanguíneo directo o la necesidad de asistir a familiares y adultos mayores. Tras ser forzado a retornar a Neuquén, el padre se realizó un nuevo hisopado, cuyo resultado fue negativo. Con autorización del juez Bustos Fierro, finalmente pudo llegar a Alta Gracia para el funeral de Solange.
Posteriormente, Musse presentó una denuncia penal contra funcionarios del COE, el Ministerio de Salud de Córdoba y agentes de la policía provincial. Si bien inicialmente la acusación incluía al médico Sergio José Alí y al suboficial Darío Javier Mansilla, ambos fueron desvinculados del expediente. De esta manera, Andrada y Morales son los únicos imputados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.