Redacción Vía Córdoba
El programa de servidores urbanos de la Municipalidad de Córdoba atraviesa un momento de incertidumbre. Luego del impacto que generó el femicidio de Agostina Vega y la detención del empleado municipal Claudio Barrelier, la administración local resolvió reforzar los controles sobre quienes integran el sistema e impulsar una profunda reorganización del programa.
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La medida encendió la preocupación entre los trabajadores, que advierten que los nuevos requisitos podrían dejar afuera a muchas de las personas para las que fue creado el plan, destinado originalmente a promover la inclusión laboral de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.
Nuevas exigencias para continuar en el programa
En las últimas semanas, el municipio comenzó a solicitar una serie de documentos obligatorios para permanecer dentro del programa. Entre ellos figuran los certificados de antecedentes penales provinciales y nacionales, el certificado de inhabilitación por delitos contra la integridad sexual, la constancia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, además de fotocopia del DNI, constancia de CUIL o CUIT, negativa de Anses y otros requisitos administrativos.
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Los servidores urbanos cuestionan estas exigencias porque, aseguran, el programa nació justamente para ofrecer una oportunidad laboral a personas que atravesaban procesos de reinserción social, situaciones de calle o consumos problemáticos.
"Nos están haciendo pagar por algo que no hicimos"
Luis Usandivaras, representante del sector, sostuvo que entre 400 y 500 trabajadores podrían verse afectados por las nuevas condiciones. "Nos están haciendo pagar por algo que no hemos hecho", expresó, al vincular el endurecimiento de los controles con las consecuencias políticas y administrativas derivadas del caso Claudio Barrelier.
Los trabajadores remarcan que durante años realizaron tareas fundamentales para el funcionamiento de la ciudad, como bacheo, desmalezado, limpieza de cordones, mantenimiento de la Costanera y trabajos en centros operativos municipales.
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Según informaron los delegados, el vínculo directo con la Municipalidad finalizará el próximo 31 de julio. Desde agosto, los servidores urbanos pasarán a depender de cooperativas de trabajo.
El cambio implica que dejarán de regirse por el esquema actual para incorporarse al régimen previsto por la Ley de Cooperativas, modificando la relación laboral que muchos mantienen con el municipio desde hace más de seis años.
Actualmente, los trabajadores perciben alrededor de $219.000 mensuales por las tareas que desarrollan en distintos sectores de la ciudad.
Temor por el futuro del programa
Desde el sector consideran que las modificaciones alteran el espíritu con el que nació el programa, pensado como una herramienta de inclusión para personas con dificultades de inserción laboral.
Mientras la Municipalidad avanza con la reorganización del sistema tras el caso Barrelier, los servidores urbanos sostienen que las nuevas exigencias podrían excluir justamente a quienes el programa buscaba contener.