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| martes, 28 de julio de 2026
El Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba resolvió este martes 28 de julio la cesantía de siete policías vinculados al caso de Valentino Blas Correas. La medida se tomó luego de acreditarse responsabilidades administrativas gravísimas durante el trágico operativo de agosto de 2020.
Esta sanción, enmarcada en el Expediente N° 1034247, responde al accionar de los uniformados en la ciudad de Córdoba. Según el órgano de control, los agentes incurrieron en faltas que atentan contra la moralidad administrativa y la probidad en el ejercicio de su función.
Entre los agentes sancionados se encuentran la Oficial Principal Natalia Soledad Márquez y la Oficial Subinspector Melisa Janet Escalante. Ambas ocupaban rangos de jerarquía dentro de la fuerza provincial al momento del suceso que conmovió al país.
La nómina de cesanteados se completa con el Cabo Leonardo Alejandro Martínez, el Agente Rodrigo Emmanuel Toloza y el Cabo Diego Norberto González. Asimismo, fueron alcanzados por la medida el Agente Ezequiel Eduardo Henot y el Cabo Emanuel Alejandro Fachisthers.
En el caso de la Oficial Principal Márquez, el Tribunal le adjudicó, además del incumplimiento de sus deberes funcionales, el ejercicio de violencia física innecesaria. Dicha agresión fue perpetrada contra uno de los ocupantes del Fiat Argo en el que viajaba Blas.
El fundamento central para las cesantías fue el incumplimiento del deber funcional de resguardo de la vida del adolescente herido durante el procedimiento. Los efectivos fueron considerados autores responsables bajo el Reglamento de Régimen Disciplinario Policial y la Ley N° 9728.
Blas Correas tenía apenas 17 años cuando recibió un disparo en la espalda mientras regresaba de cenar con sus amigos. El ataque ocurrió luego de evadir un control en la Plaza de las Américas, donde los policías dispararon seis veces contra el vehículo.
La investigación administrativa determinó que existió una omisión grave en la asistencia de la víctima posterior al tiroteo. El caso también estuvo marcado por maniobras de encubrimiento, como la colocación de un arma de fuego para simular un enfrentamiento.
Cabe recordar que la Justicia ya dictó condenas a prisión perpetua para los ejecutores de los disparos, Lucas Gómez y Javier Alarcón, en abril de 2023. En total, 11 de los 13 policías imputados en la causa penal recibieron condenas por sus acciones u omisiones.
El Tribunal de Conducta enfatizó que su potestad disciplinaria es autónoma respecto del proceso penal. “Dicha potestad no requiere ni depende de la existencia de sentencia firme en sede judicial”, aclaró.
La resolución busca tutelar el bien común de la sociedad cordobesa y el decoro institucional de la Policía de Córdoba. Desde el organismo confirmaron que no realizarán declaraciones adicionales y que la resolución ya fue notificada a los sumariados.
Redacción Vía Córdoba