Polémica por los subsidios a Claudio Barrelier: el Tribunal de Cuentas anunció que los impugnará
La decisión fue anunciada luego de que una investigación revelara que el acusado por el femicidio de Agostina Vega había recibido esas ayudas económicas.
Redacción Vía CórdobaEl Tribunal de Cuentas de Córdoba confirmó que impugnará los dos subsidios por un total de $240.000 que la Provincia otorgó a Claudio Barrelier entre noviembre y diciembre de 2025, meses antes de que fuera detenido e imputado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años.
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El vocal Beltrán Corvalán confirmó que el organismo ya recibió la documentación correspondiente y adelantó que los expedientes serán observados. "Lo que vamos a hacer es lo que haría cualquier cordobés: vamos a observar, es decir, vamos a impugnar este pago que se ha realizado", afirmó en declaraciones radiales.
Los subsidios, de $120.000 cada uno, fueron otorgados a través del subprograma Emergencias Sociales y Naturales. Según explicó Corvalán, uno de los puntos bajo análisis es que Barrelier ya tenía antecedentes penales cuando recibió la ayuda económica y, además, mantenía un vínculo laboral con la Municipalidad.
La posible incompatibilidad
El Tribunal también analiza si existió una incompatibilidad entre el cobro de los subsidios provinciales y el salario que percibía como empleado contratado del municipio. "Obviamente que no pueden cobrar del Estado dos veces, pero estamos analizando este tema", sostuvo Corvalán.
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En paralelo, legisladores opositores como Brenda Austin y Walter Nostrala presentaron pedidos de informes para que el Ejecutivo explique cómo fueron otorgados esos beneficios.
Cómo se descubrieron los subsidios
Los pagos salieron a la luz a partir de una investigación de la organización Ruido, que detectó los registros en el Portal de Transparencia de la Provincia. Según explicaron sus integrantes, el sitio ya no permite realizar búsquedas por nombre o CUIT, por lo que debieron revisar los registros manualmente hasta encontrar la información.
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Esa situación también despertó cuestionamientos de organizaciones dedicadas al acceso a la información pública, que advirtieron sobre las dificultades para controlar el destino de los fondos estatales y acceder a los datos de los beneficiarios de subsidios.
