Los motivos del juez para no enviar a prisión a Oscar González por la tragedia de Altas Cumbres
Camogli enumeró las razones por las cuales el exlegislador no irá a la cárcel producto del choque en Altas Cumbres y denunció a los abogados de la querella.
Redacción Vía CórdobaLa lectura de la sentencia contra Oscar González en los tribunales de Villa Dolores dejó al descubierto detalles y un duro cruce judicial. El juez Santiago Camogli condenó al exlegislador a tres años de prisión condicional e inhabilitación por ocho años para conducir.
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Sin embargo, más allá del veredicto, el magistrado fundamentó oralmente las razones por las cuales el exfuncionario no irá a prisión efectiva. Asimismo, lanzó un severo llamado de atención hacia el desempeño de los abogados querellantes.
Las dos razones del juez para evitar la cárcel efectiva
Al momento de explicar la escala de la pena, el juez Camogli sostuvo que la edad del imputado, de 79 años, fue un elemento determinante para fijar una condena no efectiva. A su vez, remarcó la incidencia de las maniobras viales registradas en la ruta E-34.
El magistrado señaló que el sobrepaso del Renault Sandero sobre un camión tuvo una importancia "dirimente" en el desenlace del choque. Aunque aclaró que esta circunstancia no exime de responsabilidad penal a González, sirvió para moderar la pena impuesta.
Sanción a los abogados y respaldo a la fiscalía
En un tramo de la audiencia, Camogli criticó a los letrados de la acusación privada por graves errores procesales y falta de sustento técnico en sus alegatos. Debido a estas falencias, confirmó que remitirá sus antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados.
En contraste, el juez destacó el trabajo realizado por la fiscal Analía Gallarato durante todo el proceso. Camogli denunció públicamente que la funcionaria judicial sufrió “ataques machistas, misóginos, falaces y con un nivel de violencia verbal alarmante” mientras ejercía su labor.
Millonaria indemnización y reparto de costas
En el plano civil, el fallo hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por las víctimas contra el imputado y el Estado provincial. La resolución fijó un resarcimiento superior a los 31 millones de pesos más intereses para una de las adolescentes sobrevivientes.
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Sin embargo, el magistrado impuso el pago del 50% de las costas de la acción civil a la propia querella. El juez fundamentó esta decisión en la falta de pruebas acumuladas por los letrados para justificar varios de los montos reclamados.
