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| jueves, 04 de junio de 2026
La investigación por la muerte de Tomás Orihuela, el joven encontrado casi sin vida en una celda de la Comisaría Sexta de Córdoba, sumó elementos clave por la difusión de sus últimos audios. El joven de 19 años murió por asfixia por ahorcamiento, según reveló la autopsia oficial realizada días atrás.
Los audios, enviados a su madre el pasado 24 de abril, exponen el temor que el joven sentía hacia los efectivos de dicha dependencia. Las grabaciones fueron realizadas desde el teléfono de un amigo, solo un día antes de su detención final en un operativo en Bajo Pueyrredón.
En uno de los mensajes, Orihuela expresaba su desesperación por abandonar el barrio para evitar cruzarse con la guardia de la Comisaría Sexta. El joven temía que los efectivos utilizaran maniobras irregulares para detenerlo sin motivos legales.
“Cualquier cosa te aviso pero me quiero ir de acá del Bajo porque tengo miedo de que me quieran meter algo, que me frenen en algún control y me pongan resistencia”, se escucha decir al joven en el material difundido por El Doce.
En el mismo audio, Tomás agregaba: “Si me llevan, me frenan y donde me vean me llevan de por nada. Eso es lo que me hincha los huevos siempre, no puedo andar por acá, me tengo que ir para otro lado”.
La abogada de la familia, María Risotti, sostuvo que existía una persecución constante que buscaba amedrentar al joven. Según la letrada, Tomás buscó realizar un "recurso de amparo" para evitar que le armaran causas inexistentes.
Uno de los mayores temores de Orihuela era regresar al penal de Bouwer, donde ya había permanecido detenido durante cuatro meses anteriormente. Versiones de la defensa indican que el joven habría sufrido graves vejaciones durante su estancia en dicha unidad penitenciaria.
“Él no soportaba la idea de volver”, señaló Risotti, quien impulsa la figura de instigación al suicidio. La abogada argumentó que la presión policial y el miedo a los malos tratos fueron determinantes en el desenlace ocurrido dentro de la comisaría.
Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, defendió el procedimiento policial basándose en los registros del sistema. Según el funcionario, sobre Orihuela pesaba un pedido de captura vigente de la provincia de Entre Ríos.
Las autoridades provinciales aseguran que dicha orden recién se dio de baja el lunes posterior al fallecimiento, a las 10.33. No obstante, la familia cuestionó la validez de esa orden y señaló que la detención del día jueves previo ya había sido irregular.
Actualmente, el fiscal Andrés Godoy lidera la investigación y espera los resultados de la apertura de los teléfonos secuestrados. Estos peritajes serán fundamentales para identificar a los efectivos involucrados y determinar posibles imputaciones en la causa.
Redacción Vía Córdoba