Redacción Vía Córdoba
La investigación judicial por las estafas millonarias de la desarrollista cordobesa Márquez y Asociados sumó tres nuevas detenciones clave. El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó los arrestos tras imputarlas como presuntas Miembros de una asociación ilícita.
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Las acusadas fueron identificadas como Florencia Gisel Páez (32), Laura Nicolina Stancov (45) e Inés María Gutiérrez Lascano (48). Con estos procedimientos, la Justicia avanza sobre la estructura interna de la firma que acumula cientos de denuncias por viviendas no entregadas.
Cómo fueron las detenciones
Dos de las imputadas, Stancov y Gutiérrez Lascano, fueron detenidas durante la mañana del miércoles en sus respectivas casas de la ciudad de Córdoba. Los operativos domiciliarios formaron parte de los allanamientos ordenados por la Fiscalía de Instrucción.
Por su parte, Páez fue arrestada por efectivos de la Policía Caminera en la localidad de Copina, mientras circulaba por la Ruta Provincial E-34. La mujer se desplazaba en un automóvil Fiat Palio cuando los agentes detectaron que tenía un pedido de captura vigente.
Luego de su detención en la ruta, Páez fue trasladada de inmediato a la Jefatura de Policía y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno.
Quiénes dirigían la organización
Según la hipótesis de la fiscalía, las tres detenidas habrían tenido participación en una organización que habría sido integrada y dirigida por los empresarios Ariel Márquez y Juan Pablo Márquez, principales responsables de la desarrollista.
Por la causa ya se encuentran detenidos los dueños de la firma: Juan Pablo, Ariel, José Matías y Lucas Alberto Márquez. También permanece bajo arresto Ramiro Nieva, contador de la empresa inmobiliaria.
Recientemente, el fiscal Gavier dictó la prisión preventiva para siete directivos de la desarrollista, argumentando que “habrían formado una asociación criminal para cometer estafas reiteradas”.
Cuentas y viviendas sin entregar
La investigación penal contra Márquez y Asociados se inició a comienzos de 2025, motivada por una ola de denuncias presentadas por clientes de Córdoba y de otras provincias del país. Los damnificados denunciaron graves incumplimientos contractuales vinculados a la construcción y entrega de casas de tipo social.
Las denuncias detallan que muchas de las viviendas prometidas nunca comenzaron a construirse, a pesar de haber sido completamente abonadas por los compradores. En otros casos, se registraron demoras extremas o entregas de inmuebles en condiciones distintas a las pactadas originalmente.
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La Justicia analiza si existió una maniobra sistemática y organizada para captar fondos mediante la falsa promesa de viviendas que luego no se concretaban en los términos acordados.