Condenaron a un colegio de Córdoba a pagar millones por las quemaduras de una alumna en una clase de química
La Justicia de la provincia falló en contra de la institución que deberá abonar una suma dinero a una alumna por un incidente en 2022, durante un experimento de química.
Redacción Vía CórdobaUn juzgado civil de la ciudad de Córdoba condenó a una escuela a pagar una indemnización de más de 351 millones de pesos a favor de una exalumna. La menor sufrió quemaduras de extrema gravedad durante un experimento escolar realizado en 2022.
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El fallo judicial determinó la responsabilidad objetiva del establecimiento educativo y de la empresa proveedora del servicio de enseñanza. La resolución confirmó que la institución no garantizó las medidas básicas de higiene, seguridad e indumentaria protectora en el laboratorio.
Un experimento escolar que terminó en una explosión
El trágico episodio ocurrió el 6 de septiembre de 2022, aproximadamente a las 9, en el gabinete de química de un colegio secundario ubicado en Córdoba capital. Los alumnos de sexto año cursaban la asignatura bajo la supervisión de la docente a cargo.
La actividad práctica propuesta consistía en realizar el ensayo denominado "la serpiente del faraón", el cual requería combinar bicarbonato, azúcar impalpable y alcohol medicinal para generar una reacción de combustión.
Durante el desarrollo de la prueba, una compañera de grupo tomó una botella de alcohol de boca ancha y vertió el líquido inflamable sobre el recipiente para reavivar la llama que se extinguía.
La acción generó una deflagración que alcanzó directamente el rostro, cuello, pecho y manos de la víctima, de entonces 17 años.
70 en terapia intensiva y 41 operaciones
Luego del accidente, la adolescente fue trasladada de urgencia al Instituto del Quemado del Hospital Córdoba, donde permaneció internada en estado crítico por más de 70 días.
Para salvar su vida y reconstruir los tejidos afectados por quemaduras de segundo y tercer grado, la paciente pasó por 41 operaciones.
Los peritajes médicos e informes psiquiátricos oficiales ratificaron que la joven quedó con severas cicatrices queloides, retráctiles e hipertróficas en rostro, cuello y torso, determinando una incapacidad psicofísica permanente residual del 75,21%.
Falta de protocolos y fallas en la seguridad del laboratorio
El titular del Juzgado de 1ª Instancia Civil y Comercial de 51ª Nominación de Córdoba, Dr. Gustavo Andrés Massano, desestimó el planteo de la defensa del colegio que intentaba atribuir el hecho a un "caso fortuito" imprevisible causado por el accionar de otra alumna.
En los fundamentos de la sentencia, remarcó que el establecimiento educativo incluyó una práctica con líquidos inflamables sin la infraestructura ni el equipamiento protector adecuado para adolescentes.
El dictamen pericial en higiene y seguridad constató que el espacio físico carecía de elementos indispensables de contención como mantas ignífugas, campanas de extracción de gases, duchas lavaojos y trajes o delantales especiales de protección personal.
Detalle de la condena, multa punitiva y tutela de urgencia
La condena total fijada por el tribunal subió a $351.141.238,79. La cifra comprende los rubros de pérdida de chances futuras, incapacidad vital, gastos médicos y farmacéuticos futuros, tratamiento psicológico y psiquiátrico de por vida. Además de $90.000.000 en concepto de daño moral.
Asimismo, el juez aplicó una multa de $20.000.000 por daño punitivo bajo el marco de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), tras objetar la falta de respuesta institucional previa y ordenar la publicación del fallo en diarios locales.
En virtud de la urgencia del caso, el fallo dispuso una tutela anticipada que obliga al colegio y a la aseguradora citada en garantía a abonar el 50% del monto total (\$175.570.619,39) en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
Además, se condenó a la institución a solventar los gastos de hasta 30 de las operaciones reconstructivas a futuro durante un lapso de cinco años.
Exhortación preventiva al Ministerio de Educación
Como medida de alcance colectivo, la resolución judicial incluyó un mandato preventivo dirigido al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
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La medida pidió a la autoridad educativa provincial a revisar e inspeccionar los protocolos de seguridad y los mecanismos de investigación interna en escuelas de gestión privada adscriptas, con el objetivo de prevenir nuevos accidentes escolares en laboratorios y actividades curriculares de riesgo.
