Legisladores de los bloques de la Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio piden redireccionar los fondos del Bono de Eficacia de EPEC, que alcanzaron los 2.250 milllones de pesos, al personal sanitario de Córdoba afectado a la emergencia por el coronavirus.
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El proyecto de ley ingresado en la Unicameral hace efectiva y expresa la voluntad política de reconocer el esfuerzo de los trabajadores de la primera línea en la pandemia. La ley propuesta contempla la compensación extraordinaria de los equipos de salud a través de la suspensión por un año del pago del Bono Anual por Eficiencia (BAE) que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) destina a sus empleados y cuyo último pago significó 2.250 millones de pesos.
“A los médicos, enfermeros, terapistas, ya no le bastan los aplausos. Creemos que el esfuerzo al personal de salud debe ser reconocido de manera material. El Gobierno de Córdoba debe fijar las prioridades y garantizar equilibrio en la distribución de los recursos públicos, que son en realidad recursos de los ciudadanos. Creo que cualquier cordobés al que le preguntemos estará de acuerdo en destinar por este año esos 2.250 millones de pesos ‘nuestros’ a los que nos cuidan y nos sanan” remarcó Marcelo Cossar (UCR), autor de la iniciativa que acompañan Darío Capitani (JxC), Verónica Garade (UCR), Dante Rossi (UCR), , Daniela Gudiño (JxC) y Patricia De Ferrari (JxC).
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La medida extraordinaria alcanza originalmente a trabajadores y trabajadoras de la salud comprendidos en la Ley 7625, incluye a residentes y contratos anuales y propone la creación de un registro de beneficiarios. “Por principio general sólo las empresas exitosamente gestionadas distribuyen utilidades pero si, como sucede en EPEC que pese a ser deficitaria distribuye la BAE, es una obligación ciudadana que ésta excepcionalmente se destine a quienes son insustituibles en la gestión de salvar vidas”, explicó Verónica Garade (UCR.
Irracional en pandemia
Los fundamentos del proyecto consideran “irracional” que la BAE se haya hecho efectiva este año en el contexto de pandemia en una empresa pública “con una prestación deficitaria de servicios y con resultados negativos de sus ejercicios contables”. Asimismo, estima inequitativa la distribución “considerando que más del 42% de la población cordobesa se encuentra en situación de pobreza y el 7,6% en situación de indigencia”.
Daniela Gudiño (Juntos por el Cambio) opinó: “Cuando los trabajadores de la salud tienen magros ingresos y están en el primer frente de la lucha contra el COVID, creemos que este bono discutible por su inmenso costo para una EPEC fundida, debe ser destinado a los trabajadores del sector sanitario por única vez”.
