María Belén Altamira
Oscar González, el legislador de Córdoba suspendido, fue embargado por 22 millones de pesos en una causa civil que se desarrolla en paralelo a la investigación penal por la tragedia vial de Traslasierra. Durante este proceso, la declaración jurada del funcionario quedó en la mira por los montos “irrisorios” de los bienes.
Fue el juez de Control José María Estigarrivia quien dispuso el embargo de dos propiedades del imputado, para completar el monto consignado.
OSCAR GONZÁLEZ Y UNA DECLARACIÓN JURADA “IRRISORIA”
Lo que llamó la atención es que de los 11 bienes inmuebles que González dice tener, el valor de mercado estimado que le asignó a la mayoría de estos son “irrisorios”, según determinó el mencionado juez de Control.
El caso más llamativo es el de un terreno al que en 2020 (cuando presentó la declaración jurada ante la Legislatura) le asignó un valor total de de 10 centavos, y su parte –la mitad del lote–, 0,5 centavos.
Mientras que, otra de las cotizaciones insólitas fue que el valor total de una casa, en la ciudad de Córdoba, ascendía (en febrero de 2020) a 924 mil pesos. En tanto, un departamento tenía una asignación de 35 mil pesos.
El juez advirtió en su resolución que la cotización asignada a los bienes inmuebles es “irrisoria”. En total, González aseguró que sus 11 inmuebles, entre ellos la mansión en el que vive en Traslasierra, tienen un valor de cuatro millones de pesos.
‘”Desde la óptica de una persona común con conocimientos mínimos de mercado, advierten que los bienes superarían un patrimonio de 4 millones de pesos”, indicó el juez, según declaraciones que reprodujo Cadena 3.
EL PEDIDO DE LA QUERELLA: UN EMBARGO DE 100 MILLONES DE PESOS
La querella que representa a la adolescente Alexa, herida gravemente en el siniestro, solicitó el embargo por más de 100 millones de pesos en los bienes de Oscar González. Y además pidió la inhibición de los mismos.
Analía Gallarato, fiscal de Cura Brochero, hizo lugar a la solicitud de embargo y ordenó la medida. Luego, el Juzgado de Control resolvió que 22 millones de pesos eran suficientes para esta instancia de la causa.