Redacción Vía Córdoba
En un reciente giro judicial, un individuo fue procesado en Córdoba por presuntamente usar información sustraída del Pami tras el ciberataque de 2023. Esta data habría sido empleada para confeccionar y vender recetas médicas truchas.
La investigación de sus actividades permitió la reapertura de la causa principal del ataque informático, radicada en Buenos Aires, que había sido previamente archivada. El suceso involucra a la obra social pública más grande de Latinoamérica, afectando a la clase pasiva que depende de sus servicios.
Un cordobés habría robado datos de Pami para recetas truchas
El joven supuestamente adquirió bases de datos con información sensible, incluyendo carnés digitales de afiliados y credenciales de acceso a sistemas internos. Desde su vivienda, el procesado comercializaba prescripciones ilegítimas a cambio de pagos en criptomoneda o dinero.
Empleaba canales de mensajería como Telegram para ofrecer estos documentos falsificados. Entre las sustancias ofertadas figuraban psicotrópicos y estupefacientes como clonazepam, alprazolam o diazepam. Se estableció que las transferencias de dinero llegaban a la cuenta bancaria de su madre, desde donde se redireccionaban a su propia cuenta de Mercado Pago.
El magistrado federal de Córdoba, Carlos Ochoa, dictó el procesamiento con prisión preventiva de este joven. Los cargos incluyen encubrimiento agravado de daño informático, falsificación de recetas médicas, defraudación doblemente calificada y facilitación de estupefacientes a título oneroso. La denuncia inicial provino de Olga Riutort, entonces directora de una unidad local de la obra social.
Cómo fue el hackeo a Pami en 2023
El ciberataque original, ocurrido el 2 de agosto de 2023, provocó la interrupción de la atención y los servicios en todo el país. La organización Rhysida, conocida por afectar entidades públicas, se atribuyó la intrusión y la sustracción de la información sensible, supuestamente ofertada en la dark web.
A pesar de que la entidad oficial había informado la mitigación del incidente y el resguardo de la data, la pesquisa inicial no logró determinar el origen ni los responsables directos. El caso de Palacios Arriondo brinda ahora una nueva línea para comprender las complejas redes delictivas detrás de estas vulneraciones. Este desarrollo subraya la persistencia de las amenazas cibernéticas y la importancia de la colaboración para enfrentarlas.