Ciudad a ciudad, Argentina en red
| viernes, 19 de junio de 2026
La noche cordobesa sumó un nuevo capítulo de tensión por la clausura de dos conocidos bares, Malibú y Luzbelito Poll Bar, ubicados en el centro de la ciudad de Córdoba. La medida fue ejecutada por el Ente de Fiscalización y Control municipal al detectar serias irregularidades administrativas.
Este operativo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una investigación judicial mayor que involucra a Wachitas Bar. Las autoridades buscan determinar si ambos establecimientos comparten dueños y forman parte de una misma estructura delictiva.
El procedimiento contra Malibú se realizó el jueves 4 de junio, cuando inspectores municipales constataron la falta de medidas de seguridad básicas. El local no contaba con la habilitación de bomberos necesaria para funcionar.
Además, el acta oficial señaló que el espacio realizaba espectáculos públicos sin tener la autorización correspondiente para dicho fin. Al día siguiente, el viernes 5 de junio, el bar recibió una nueva sanción por presentar certificados de seguridad vencidos.
Lo más grave ocurrió cuando las autoridades detectaron la violación de la faja de clausura impuesta inicialmente. El historial del local ya registraba antecedentes por ruidos molestos y vibraciones excesivas en septiembre de 2024.
En el mismo operativo del 4 de junio, las autoridades también clausuraron Luzbelito Poll Bar. Al igual que Malibú, este establecimiento fue señalado por la oposición por sus presuntos vínculos con el entorno de Wachitas.
La medida se tomó al detectar que no persistían las condiciones bajo las cuales el bar había obtenido su habilitación original. Los bloques de la UCR y el Frente Cívico solicitaron informes específicos sobre este local.
La concejal Elisa Cafarati señaló que tanto Malibú como Luzbelito forman parte de un circuito nocturno bajo sospecha. "Este bar estuvo habilitado en condiciones totalmente inaceptables", afirmó la funcionaria respecto a la falta de rigor en los controles.
La situación de Malibú tomó relevancia pública luego de las declaraciones de una testigo identificada como “Carla” en sede judicial. La mujer, extrabajadora de Wachitas Bar, vinculó a ambos locales en su relato.
Según la testigo, en estos establecimientos se habrían desarrollado prácticas de explotación sexual y circulación de estupefacientes. "Carla" aportó datos sobre cómo funcionaba el "entretejido de complicidades" que permitía la actividad de estos locales.
A raíz de estas revelaciones, el fiscal Raúl Garzón derivó los antecedentes a fiscalías especializadas en Narcotráfico e Integridad Sexual. Se busca desmantelar una presunta red de trata que operaría en el corazón de Nueva Córdoba.
La investigación judicial no solo apunta a los dueños de los bares, sino también al personal del municipio. La denuncia de "Carla" menciona el pago de presuntas coimas a empleados municipales para evitar controles.
Esta nueva arista sobre la noche de Córdoba sugiere que los trámites eran facilitados por motivos financieros irregulares. El objetivo de los nuevos fiscales será determinar si existían mecanismos de captación de víctimas menores de edad.
Aunque no hay una conexión directa probada con el femicidio de Agostina Vega, ambos casos comparten protagonistas sospechosos. Entre ellos figura Soledad Andreani, actualmente detenida e imputada por encubrimiento agravado en la causa del crimen.
El impacto de estas denuncias generó una fuerte reacción en el ámbito político provincial y municipal. El legislador Dante Rossi (UCR) solicitó formalmente la intervención del Ente Municipal de Fiscalización por 180 días.
Rossi calificó los hechos como una "grave anomalía institucional" que afecta la confianza de los vecinos. Por su parte, la concejal Elisa Cafarati pidió acceso total a los expedientes de habilitación de locales como Malibú y Wachitas.
Mientras la Justicia avanza, otros locales también quedaron bajo la lupa de los investigadores. La causa promete nuevas derivaciones judiciales y políticas en los próximos días mientras los bares permanecen cerrados.
Ante la creciente polémica y la vinculación con el caso de Agostina Vega, la administración de Wachitas Bar publicó un descargo oficial. En el comunicado, negaron cualquier tipo de participación o vinculación con los hechos criminales que se investigan.
Asimismo, aseguraron que las personas señaladas en redes sociales como supuestos propietarios no forman parte de la titularidad del establecimiento. El bar remarcó que se encuentra a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación en curso.
Redacción Vía Córdoba