Redacción Vía Córdoba
En la última semana, el administrador de la Asociación Escuela Ítalo-Argentina Dante Alighieri, Sergio Darío Badino, de 65 años, afrontará un debate oral y público por presuntas “lesiones leves” contra un estudiante de 12 años, según dictaminó el fiscal Horacio Adrián Vázquez.
El requerimiento de elevación a juicio fue emitido el mes pasado, aunque la defensa ya interpuso un recurso ante la jueza de control N° 9, María Celeste Ferreyra. Badino también ejerce como representante legal del colegio Castel Franco, otra institución ligada a la cultura italiana.
Va a juicio un empleado del colegio Dante Alighieri
El incidente de las lesiones ocurrió el 28 de junio de 2023, en la sede de la escuela de barrio Iponá, durante un evento con jugadores de fútbol. El fiscal Vázquez detalló que el directivo habría empujado a alumnos que buscaban autógrafos, profiriendo insultos.
Uno de los niños, al intentar tocar la mano de un deportista, recibió un golpe de puño en el pecho de parte del acusado, cayendo al suelo. El menor, quien padece asma, sufrió dolor y dificultad para respirar, lesiones que fueron confirmadas por su médica tratante, quien constató el agravamiento de su cuadro y la necesidad de fármacos más potentes. Los padres del afectado, representados por el abogado Rogelio Luque, se constituyeron como querellantes, manifestando que hubo manipulación de pruebas y que no se asistió médicamente al menor de forma inmediata.
A la par de esta acusación, Badino, junto a otros directivos de la Dante Alighieri, está imputado por la fiscal Daniela Maluf por el presunto delito de “administración fraudulenta”. Esta causa, que se tramita en Delitos Complejos, se encuentra en fase de investigación y recolección de pruebas, incluyendo peritajes contables. La imputación se dio a conocer a fines de mayo, tras una avanzada recopilación de evidencia.
La denuncia por fraude surgió de quejas de padres por aumentos “sin justificación” en las cuotas mensuales de la institución. El conflicto se inició a fines de 2022, escalando en 2023, cuando 240 padres firmaron una nota para expresar su desacuerdo. La Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) respondió que los incrementos aplicados desde 2018 en adelante no contaban con autorización y habían sido percibidos de manera indebida.