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| sábado, 06 de junio de 2026
El femicidio de Agostina Vega puso bajo la lupa de las autoridades y la sociedad una cadena de fallas estatales. Claudio Barrelier, principal imputado, gozaba de libertad y un empleo público pese a contar con un historial delictivo alarmante.
La reconstrucción del caso demostró que el Estado ignoró señales de alerta previas a la tragedia. Desde beneficios judiciales injustificados hasta falta de controles internos en el Palacio 6 de Julio, la cadena de errores facilitó el desenlace fatal.
Uno de los datos más controversiales del prontuario de Barrelier corresponde a mayo de 2025. El hombre fue investigado por la privación ilegítima de la libertad de una expareja en la misma casa de barrio Cofico.
En aquella ocasión, la víctima escapó desnuda y maniatada con cintas de embalar, pidiendo auxilio en un comercio vecino. A pesar de la gravedad del hecho, la Justicia le otorgó la libertad y estuvo detenido 20 días.
Barrelier recuperó su libertad con el abono de una fianza de 5 millones de pesos. "Podría haber sido yo la que no tuvo la suerte de salir", expresó la mujer agredida en 2025 al conocer el crimen de Agostina.
Mientras enfrentaba procesos penales, Barrelier se desempeñaba como empleado en la Escuela de Conductores municipal. Había ingresado en 2021 como becario y pasó a planta permanente unas semanas antes del femicidio.
Las autoridades municipales presentaron un certificado de antecedentes con fecha de noviembre de 2024 que figuraba “limpio”. Esto ocurrió porque, al no tener condena firme, sus procesos abiertos por secuestro y robo no impactaban en el registro.
Este vacío en el estatuto municipal permitía que agentes bajo investigación criminal mantuvieran sus cargos sin restricciones. La situación escaló políticamente con la confirmación de los vínculos del acusado con sectores de la barra de Instituto.
El intendente Daniel Passerini asumió la responsabilidad política: “Hay que admitir que el sistema de controles falló y que la Municipalidad falló”. Como respuesta inmediata, ordenó la desvinculación de 119 empleados.
Además, se removieron funcionarios de alto rango, incluido el exconcejal Ricardo Moreno, señalado como el "padrino" político de Barrelier. El Ejecutivo municipal envió una ordenanza para endurecer los requisitos de permanencia en el estado local.
Entre las nuevas modificaciones, los empleados deberán presentar sus antecedentes penales cada seis meses. Asimismo, se implementará un narcotest obligatorio para toda la planta, buscando detectar situaciones de vulnerabilidad o consumo incompatibles con la función pública.
La falta de coordinación también se reflejó en la aplicación de la Ley Joaquín. La víctima del ataque de 2025 nunca fue notificada de que su agresor había recuperado la libertad, lo que constituye una violación directa a la normativa de protección vigente en Córdoba.
En estos momentos, Barrelier se encuentra alojado en el penal de Bouwer bajo estricta vigilancia. Mientras la Justicia recalificó la causa como femicidio, la sociedad exige que esta cadena de fallas no se repita.
Redacción Vía Córdoba