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| viernes, 29 de mayo de 2026
La Justicia de Córdoba continúa investigando al dirigente sindical Hugo Maximiliano Ponce Gómez, titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) en la provincia, luego de que se acumularan denuncias por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos dentro de la sede gremial. Durante abril, los representantes legales de las denunciantes solicitaron formalmente la elevación a juicio de la causa, lo que podría abrir la instancia de debate oral contra el dirigente.
El expediente se encuentra en manos de la Fiscalía de Instrucción de Delitos Contra la Integridad Sexual, dirigida por la fiscal Ingrid Vago, que desde fines de 2025 lleva adelante la investigación sobre los hechos denunciados por empleadas del sindicato.
El caso tomó estado público en noviembre de 2025, cuando la fiscalía imputó a Ponce Gómez por el delito de abuso sexual simple. La acusación se basa en un episodio ocurrido en mayo de 2024 dentro de la sede sindical de Smata, ubicada sobre calle 27 de Abril, en la ciudad de Córdoba.
Según consta en la causa, la denunciante era una empleada del gremio que, tras el episodio, debió solicitar licencia psiquiátrica debido al impacto emocional de la situación. A partir de la imputación, la Justicia dispuso una serie de medidas restrictivas contra el dirigente sindical.
Entre las principales disposiciones se estableció la prohibición de contacto con la denunciante y la obligación de fijar domicilio para mantener su libertad durante el proceso judicial.
La situación procesal de Ponce se complicó en marzo de 2026, cuando surgió una nueva denuncia por hechos de características similares que también habrían ocurrido dentro de la estructura sindical. La presentación fue realizada por otra trabajadora del gremio que ocupaba un cargo jerárquico dentro de la organización.
La nueva denuncia planteó ante la Justicia la existencia de un posible contexto de asimetría de poder dentro del ámbito laboral, un elemento que comenzó a ser analizado por los investigadores.
Durante esa etapa, los abogados de la denunciante, Luis Licera y Víctor Palma, señalaron que su representada habría sido víctima de un supuesto “esquema de presión” orientado a forzar el desistimiento de la denuncia. Según expusieron ante la fiscalía, se registraron actos de vandalismo contra bienes personales de la mujer y la colocación de dispositivos de vigilancia ilegal en su entorno laboral.
Los letrados mencionaron la presencia de cámaras y micrófonos ocultos, lo que llevó a la Justicia a adoptar nuevas medidas cautelares. Entre ellas, se resolvió prohibir a Ponce el ingreso al edificio central del sindicato, medida que continúa vigente mientras avanza la investigación.
Durante este mes, la causa ingresó en una etapa clave. La querella que representa a las denunciantes solicitó formalmente la elevación a juicio, lo que implicaría cerrar la fase de instrucción y avanzar hacia un eventual proceso oral.
El abogado Facundo Fiant, que interviene en el expediente, confirmó que se aguarda una definición del Ministerio Público Fiscal respecto a la continuidad del caso.
En el marco de la investigación también se analizan antecedentes previos que datan de 2008 y 2025, todos vinculados a denuncias por conductas de índole sexual o situaciones de acoso laboral.
Redacción Vía Córdoba