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| viernes, 14 de agosto de 2026
Este viernes 14 de agosto, la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo judicial en los Tribunales II de Córdoba. Los últimos dos detenidos, inquilinos de la casa donde ocurrió el horror, enfrentaron sus primeras instancias procesales ante el fiscal de instrucción Raúl Garzón.
Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmilla Azcurruz sorprendieron con posturas procesales opuestas durante la jornada. Córdoba prestó declaración ante las autoridades, llamativamente sin contar con la asistencia de un abogado defensor en ese momento. Por su parte, Azcurruz, asistida por el letrado Marcos Arnold, hizo uso de su derecho constitucional y se abstuvo de declarar.
El fiscal Garzón calificó la importancia de estas comparecencias para el proceso judicial. “Están ejerciendo su defensa material y técnica, un acto imprescindible para el avance de la causa”, señaló el funcionario, en diálogo con El Doce. La imputación que pesa sobre el matrimonio es encubrimiento agravado por el hecho precedente.
Para la Justicia, el rol atribuido a los inquilinos tiene que ver con un “favorecimiento personal y real” respecto del autor del hecho. La hipótesis sostiene que ambos conocían lo sucedido en la planta baja y llevaron adelante “conductas omisivas” que impactaron negativamente en la administración de justicia.
La decisión de detener a los habitantes de la planta alta se precipitó por los resultados de una pericia acústica realizada el pasado miércoles. Durante el procedimiento, se emitió música de cuarteto del grupo DesaKTa2 para recrear las condiciones sonoras exactas de la madrugada del crimen.
Los resultados determinaron que la vivienda funciona como una “caja de zapatos” donde el sonido se transmite sin obstáculos hacia todos los ambientes. Desde el primer piso era “materialmente imposible” no percibir los gritos de auxilio de la adolescente de 14 años. Los registros indican que los sospechosos permanecieron en el lugar 9 horas y 50 minutos aquella noche.
Con estas capturas, ya son seis las personas privadas de su libertad vinculadas al entorno de Claudio Barrelier. Además del matrimonio Córdoba-Azcurruz, permanecen detenidos Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero.
La investigación continúa enfocada en reconstruir cada movimiento dentro de la propiedad de calle Juan del Campillo 878. Mientras tanto, la querella insiste en que el círculo de responsabilidades debe alcanzar a todos los que guardaron un silencio cómplice durante el calvario de la menor.
Redacción Vía Córdoba