Ciudad a ciudad, Argentina en red
| viernes, 24 de julio de 2026
La indignación en la provincia de Córdoba sumó un nuevo capítulo producto de la difusión de una información sobre Claudio Barrelier. El principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega recibió beneficios económicos por parte del Gobierno provincial.
Mientras el acusado ya cargaba con una imputación por haber mantenido cautiva a una mujer meses antes, el sistema administrativo le otorgó una asistencia financiera directa.
La revelación, surgida inicialmente de una investigación del portal Ruido.Red, puso bajo la lupa los mecanismos de control del Estado de Córdoba.
De acuerdo con los registros oficiales del subprograma “Emergencias Sociales y Naturales”, Barrelier recibió dos pagos consecutivos de $120.000 cada uno.
Las transferencias se hicieron efectivas en noviembre y diciembre de 2025, alcanzando un total de $240.000 otorgados al ahora detenido.
Lo llamativo es que estos cobros ocurrieron seis meses después de que una joven lograra escapar de su vivienda. En aquel entonces, ella había denunciando haber sido privada de su libertad bajo amenazas.
Desde el Ministerio de Desarrollo Social confirmaron que el mismo Barrelier gestionó el subsidio mediante los mecanismos estándar de la administración pública.
El trámite se realizó de manera remota a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), cumpliendo con los pasos previstos para ayudas de emergencia.
Para acceder a estos fondos de subsistencia, el sistema solicitó una Certificación Negativa de ANSES para validar su situación laboral.
En ese momento, el documento oficial acreditó que el imputado no poseía un empleo formal declarado ni otros beneficios nacionales. Además, se llevó a cabo una instancia presencial donde una trabajadora social realizó una entrevista y un informe socioeconómico del solicitante.
“Solo cuando se cumplen los requisitos establecidos y las evaluaciones técnicas resultan favorables, se dispone el otorgamiento”, aclararon desde la cartera social.
La difusión de estos pagos generó controversia en Córdoba por la aparente falta de cruce de datos entre el Poder Judicial y los programas de asistencia.
A pesar de la gravedad de la causa abierta en mayo de 2025, el sistema provincial no registró el perfil delictivo del beneficiario al momento de aprobar las cuotas.
Actualmente, Barrelier permanece detenido en el penal de Cruz del Eje por el femicidio de 2026, mientras la Provincia asegura que el trámite fue “transparente” y registrado en el Portal de Transparencia.
Redacción Vía Córdoba