La Justicia archivó este jueves la denuncia penal que la Liga Cordobesa había formulado en contra de Andrés Fassi y Gerardo Moyano, presidente y secretario general de Talleres respectivamente, por la supuesta comisión de hechos consistentes “en la presunta retención de importes debidos por el club a la Liga, devengados por las transferencias de jugadores”.
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El juez Juan Manuel Fernández López rechazó la oposición planteada por Alejandro Pérez Moreno, abogado apoderado de Alejandro Fernández (presidente de la Liga), y confirmó “el archivo de la presente causa, por entender que el hecho denunciado no encuadra en figura penal”.
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“Se arribó a la conclusión de que no hay conducta delictiva por parte de Talleres, no hay delito de retención indebida”, explicó el juez Fernández López, al ser consultado por Radio Sucesos.
En esta cuestión, LCF reclamó por las operaciones de los jugadores Facundo Axel Medina (Lens), Guilherme Parede (Vasco), Adrián Andrés Cubas (Nimes), Leonardo Ezequiel Godoy (Estudiantes) y Guido Gabriel Herrera (Malatyaspor).
La disputa sigue
Desde la Liga Cordobesa anticiparon que proseguirán con la acción civil y agregaron que en los considerandos del fallo se alude a la obligación de pagar para Talleres. El abogado Pérez Moreno le dijo a Mundo D: “El fallo señala que ‘en todo caso, la LCF deberá reclamar dichos montos a los clubes vendedores y, eventualmente, dirimir si los mismos proceden y en qué casos, ante la justicia civil. Ahora bien, el traslado de ese porcentaje al club comprador es un asunto entre las partes del negocio, pero totalmente ajeno a la incumbencia de la LCF”.
En tanto, desde barrio Jardín publicaron un comunicado: “La Justicia de Córdoba volvió a respaldar la posición de Talleres en relación al conflicto planteado ante la Liga Cordobesa por la situación de inequidad deportiva, doble imposición y jugador originario”.
Y añaden: “El Juez Juan Manuel Fernández López ha ratificado lo ya resuelto oportunamente por el Fiscal Raúl Garzón, con fecha 12 de agosto del corriente año, quien valorando toda la normativa legal vigente, resolvió coincidir con los argumentos expuestos por el club, señalando que no hay obligación de pago por las transferencia de los jugadores. De este modo, se rechaza la oposición planteada por la LCF y se desestima la denuncia penal iniciada por autoridades de la Liga contra las autoridades del Club. En contra de sus propios Estatutos, la LCF judicializó la situación y la resolución vuelve a ser muy clara a favor del club”.
