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| viernes, 29 de mayo de 2026
La Policía de Córdoba dispuso el pase a situación pasiva de tres de los cuatro efectivos denunciados en la localidad de San Francisco del Chañar. La medida surge tras la acusación de una mujer que aseguró haber sido coaccionada para exhibir material privado de su celular durante un procedimiento policial.
Los efectivos involucrados, tres hombres y una mujer, están bajo la lupa de la fiscalía de Deán Funes, a cargo de Analía Cepede. La investigación busca determinar las responsabilidades penales y administrativas en un caso que ha conmocionado al norte cordobés por su gravedad institucional.
El caso se originó a fines de diciembre a raíz de la investigación por un robo en la zona. Según la fiscal Cepede, la mujer fue trasladada a la comisaría en calidad de sospechosa, lo que activaba garantías constitucionales que no habrían sido respetadas por los uniformados.
“Cuando la persona tiene carácter de sospechada, el celular cede al derecho de intimidad. Para acceder al contenido tengo que pedir autorización al juez de control o de paz”, explicó la fiscal Cepede, en diálogo con El Doce. La funcionaria calificó el accionar policial como “irregular” desde el inicio del traslado.
Incluso si la damnificada hubiese querido mostrar el material de forma voluntaria, los efectivos no estaban habilitados para verlo sin presencia de un abogado defensor. La fiscalía enfatizó que los policías se focalizaron en la intimidad de la mujer, algo que carecía de relevancia para la causa del robo.
La denunciante, quien se dedica a la producción de contenido para la plataforma OnlyFans, denunció que fue encerrada e interrogada bajo presión para autoincriminarse. Según su abogado, Ignacio Almada Vargas, los agentes habrían exigido acceso al dispositivo sin contar con una orden judicial.
“Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni pedirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, manifestó el letrado. A raíz del episodio en la comisaría, la mujer sufrió una crisis de salud mental que derivó en un intento de suicidio e internación.
Debido al hostigamiento y la exposición sufrida en su localidad, la presunta víctima se mudó a Colonia Caroya. Actualmente cuenta con acompañamiento terapéutico y se espera que preste declaración testimonial en un ámbito privado dentro de la fiscalía para resguardar su integridad.
La figura penal principal que enfrentan los policías es la de “abuso de autoridad”, por excederse en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la fiscalía no descarta que la imputación se amplíe a otros delitos dependiendo de las pericias médicas.
“Si esta mujer presenta secuelas vinculadas directamente con lo que padeció, puede derivar en lesiones leves, graves o gravísimas”, advirtió Cepede. La defensa también solicitó la intervención de la oficina de Violencia de Género de Jesús María para garantizar medidas de protección urgentes.
Redacción Vía Córdoba