Alquiler en Córdoba: le exigen $7 millones por pintura y no le reciben las llaves
Especialistas aseguran que el presupuesto es excesivo y advierten sobre prácticas que pueden afectar a otros inquilinos.


Una familia de Córdoba quedó en el centro de un conflicto inmobiliario tras intentar devolver una vivienda alquilada en la zona norte de la ciudad. Según denunciaron, la inmobiliaria les exige $7 millones en efectivo para realizar trabajos de pintura como condición para recibir las llaves, pese a que el contrato ya finalizó.

El caso generó preocupación por el impacto económico y por la situación de vulnerabilidad en la que quedan los inquilinos frente a este tipo de exigencias. Tras tres años de alquiler cumplido, los damnificados aseguran que no pueden afrontar el monto y que la empresa se niega a aceptar la entrega del inmueble sin ese pago previo.
Uno de los puntos más cuestionados del caso es el detalle del presupuesto presentado por la inmobiliaria. Según el reclamo, la familia debería comprar 13 tachos de pintura de 20 litros para una vivienda de dos dormitorios y un escritorio.
Especialistas del sector consultados sobre situaciones similares indican que esa cantidad resulta desproporcionada para una casa de esas dimensiones. En condiciones habituales, sostienen, el trabajo podría realizarse con una cantidad significativamente menor de pintura y con un costo total cercano al millón de pesos, incluyendo mano de obra.
Además, la familia denuncia que la inmobiliaria impone proveedores propios y rechaza presupuestos alternativos, lo que limita las opciones para reducir costos.
Ante la imposibilidad de renovar el contrato, cuyo valor había alcanzado el millón de pesos mensuales, la familia decidió dejar la vivienda antes del vencimiento. Sin embargo, aseguran que el 26 de marzo intentaron devolver las llaves y la inmobiliaria se negó a recibirlas si no se abonaba previamente el monto exigido.
Esta situación los coloca en un escenario complejo, ya que la empresa comenzó a enviar notificaciones a los garantes señalando que el inmueble no fue restituido formalmente. Los inquilinos advierten que esto podría derivar en problemas legales, pese a haber intentado cumplir con la entrega.

Actualmente, los cuatro integrantes de la familia se encuentran viviendo en una habitación prestada por un familiar. La madre trabaja como empleada doméstica y enfrenta problemas de salud, mientras que el padre se desempeña como vendedor ambulante.
La familia intentó gestionar una mediación en la Defensoría del Pueblo y en Tribunales, pero no obtuvo respuesta de la inmobiliaria. Además, la posibilidad de certificar la entrega de llaves mediante escribano implica un costo elevado que no pueden afrontar.