Allanaron un CPC de Córdoba y se toparon con una impactante sorpresa
La Justicia de Córdoba detuvo a empleados e imputó a más de 15 personas en el marco de una investigación que develó una red de corrupción interna.
Redacción Vía CórdobaUn megaoperativo judicial sacudió las oficinas del Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Jardín, en la zona sur de la ciudad de Córdoba. La sorpresa fue mayúscula al detectar el funcionamiento de una red clandestina dedicada a la entrega de registros apócrifos.
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El fiscal de instrucción Ernesto de Aragón ordenó allanamientos y la imputación de 22 personas en total. Entre los involucrados hay ocho empleados municipales y 14 particulares que habrían participado de la maniobra delictiva, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Hasta el momento, la Justicia dispuso la detención de dos agentes públicos de alta jerarquía. Estos funcionarios prestaban servicios en el área de transporte de dicha dependencia municipal.
Una oficina bajo sospecha
La investigación, que se tramitó con hermetismo desde el año pasado, surgió de una denuncia de las propias autoridades municipales. Los directivos advirtieron graves anomalías en el otorgamiento de los carnets de conducir.
“Es una investigación que ya lleva varios meses; hemos podido secuestrar documentación tras revisar más de un centenar de legajos”, explicó el fiscal De Aragón, en diálogo con Cadena 3. El funcionario judicial confirmó que se detectaron más de 30 hechos de expedición irregular hasta la fecha.
La estructura funcionaba de manera particular, donde los implicados omitían deliberadamente los trámites legales. Se evitaban pasos fundamentales como los exámenes teóricos, prácticos y los controles médicos obligatorios.
Sin exámenes ni requisitos
La maniobra no se realizaba necesariamente a cambio de dinero, sino mediante una red de favores e influencias. Según la fiscalía, se trataba de un sistema de "clientelismo" que beneficiaba a ciertos ciudadanos.
“Puntualmente tenemos un caso en el que nos consta que la persona no sabía manejar”, reveló De Aragón sobre la gravedad del descubrimiento. En otros casos, no se rindió el examen práctico a pesar de ser licencias obtenidas por primera vez.
El intendente Daniel Passerini confirmó que promovió la denuncia al recibir el testimonio de un vecino. “Quien entra al Estado tiene que ser un servidor, no servirse del Estado”, sentenció, en diálogo con El Doce.
Funcionarios tras las rejas
Los dos detenidos enfrentan cargos por falsedad ideológica reiterada y abuso de autoridad. La Justicia determinó su arresto por la capacidad de influir en la investigación debido a sus cargos jerárquicos.
Durante los procedimientos se realizaron cuatro allanamientos en viviendas y 12 operativos en domicilios de empleados. El fiscal destacó que, aunque no actuaban como una asociación ilícita coordinada, sí existían contactos para remitir "clientes" de manera particular.
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Tras el escándalo, la Municipalidad de Córdoba procederá a la inhabilitación inmediata de las licencias detectadas. El Palacio 6 de Julio busca anular los registros que representan un peligro inminente para la seguridad vial de la ciudad.
