Una década atrás, Córdoba vivía una de las noches más funestas de su historia. Efectivos de seguridad dejaron de prestar servicios a raíz de un reclamo salarial sin respuestas. La Policía protagonizó un acuartelamiento que derivó en miles de saqueos, cientos de heridos y dos muertos.
Los reclamos comenzaron en noviembre, en su mayoría, encabezados por las esposas de los uniformados. Pedían mejores condiciones de trabajo y un aumento salarial. Sin embargo, ese mes, no obtuvieron respuestas.
Fue recién en diciembre cuando los uniformados decidieron adherirse a una medida de fuerza que dejó desamparados a los vecinos de la ciudad. La mayoría de las fuerzas dejaron de patrullar y por más de 30 horas, a Córdoba la invadió el caos.
3 DE DICIEMBRE, LA GESTA DE UN ACUARTELAMIENTO POLICIAL
Los sueldos de la Policía de Córdoba eran un reclamo que se fogoneaba desde hacía varios días. Por una ley impulsada por el delasotismo, los policías no podían tener sindicato ni hacer paros. Por eso, las manifestaciones eran encabezadas por las esposas y familiares de los uniformados. La mayoría, frente a la Jefatura de Policía.
Sin embargo, las autoridades provinciales no supieron -o no quisieron- ver la consecuencia que tendría esa falta de respuestas. Ese 3 de diciembre, el Comando de Acción Preventiva (CAP) frenó su actividad. Guardaron los móviles y se reunieron en la calle Celso Barrio. También acompañó la familia.
Eran miles los uniformados que se encontraban en el lugar. En su momento, reconocieron que el reclamo estaba desorganizado hasta que el abogado cordobés Miguel Ortiz Pellegrini se acercó a los acuartelados y ofició de intermediario con el Gobierno de Córdoba, a cargo de José Manuel De la Sota.
De ese contacto, surgió un documento con 14 puntos. Entre ellos, un incremento salarial y la condición de que ningún efectivo policíal iba a ser despedido ni encarcelado por el cese de actividad.
LA NOCHE DEL 3 DE DICIEMBRE: SAQUEOS, TERROR Y DESCONCIERTO
El acuerdo, que en su momento fue tratado con el entonces ministro de Gobierno, Oscar González, tardó más de lo pensado. Sobre todo porque De la Sota no se encontraba en la provincia, de allí surgió la famosa imagen donde se lo ve en el aeropuerto de Panamá. Por eso, el reclamó se extendió y la noche cayó sobre Córdoba, empeorando un panorama que, de por sí, ya era desolador.
Sin policías, los delincuentes protagonizaron miles de saqueos, ataques a comercios y hechos de vandalismo. La situación era desconcertante: por un lado, hordas de personas destruían vidrieras y robaban todo a su paso; y por el otro, vecinos armados defendían lo suyo.
Por su parte, el Gobierno Provincial comenzó a buscar policías y a pedir por las fuerzas federales. En ese entonces, Cristina Fernández era presidenta. De la Sota aseguró que el llamado que pedía por Gendarmería estuvo, pero Nación no respondió a la solicitud. Ese hecho fue una bisagra en la relación Córdoba-kirchnerismo.
Los saqueos duraron el 3 y el 4 de diciembre. En el medio, hubo graves episodios de violencia en las calles: principalmente, golpizas e intentos de linchamientos. Cientos resultaron heridos y dos personas murieron: un jóven baleado y un jubilado. Sin embargo, nunca se juzgó a ningún responsable y los decesos quedaron en la nada.
4 DE DICIEMBRE: EL REGRESO DE DE LA SOTA Y LA NEGOCIACIÓN
En las primeras horas del 4 de diciembre, De La Sota regresó a Córdoba y encabezó las negociaciones para que los uniformados retomaran su actividad.
Al mediodía, la Provincia anunció un acuerdo con los policías acuartelados y volvieron a patrullar las calles. Se les concedió un aumento salarial del 30% y se prometió que no habría sanciones para los huelguistas. Días después, ese último punto se rompería.
LAS CONSECUENCIAS DEL ACUARTELAMIENTO POLICIAL EN CÓRDOBA
- El 17 de diciembre, se realizó la primera demanda civil contra la provincia por los saqueos ocurridos y la falta de respuesta policial.
- En febrero de 2018, la Justicia determinó enjuiciar a 56 policías considerados precursores del acuartelamiento. Y el 26, comenzó el juicio contra el cuerpo policial acusado de desobediencia a la autoridad, incumplimiento de funciones públicas, incitación al delito y uso indebido de caudales públicos. La investigación fue realizada por el fiscal Raúl Garzón.
- En mayo de 2018, comenzó el tramo final del juicio y se dio a conocer la sentencia. Se impusieron condenas a 52 policías, por un año de prisión en suspenso. Ningún oficial jefe fue investigado. La Justicia nunca juzgó los saqueos, ni castigó a los delincuentes que robaron. Las muertes tampoco se investigaron. La pena mayor se la llevó Lucas Rodríguez con un año de inhabilitación de funciones, prisión condicional y una multa de $12.500.
- Tiempo después, la Justicia Federal de Córdoba comenzó a investigar a figuras políticas del Gobierno Nacional por no haber ayudado. Jorge Capitanich, en aquel tiempo jefe de Gabinete; Sergio Berni, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad; y Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad del gobierno de Cristina, fueron los apuntados. Sin embargo, se los sobreseyó en 2021. Para la justicia, el Gobierno Provincial nunca pidió de manera formal los gendarmes.
