Elevaron a juicio la causa contra el intendente de Pilar por venta irregular de terrenos

La resolución de la jueza de Control también incluye a Diego Bechis, funcionarios del municipio y concejales.

Diego Bechis, intendente de Pilar.
Diego Bechis, intendente de Pilar.

La jueza de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María Licia Tulián, dispuso la elevación a juicio de la causa penal iniciada contra el intendente de Pilar, Diego Alejandro Bechis, por defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad.

Según la acusación, habría participado en una maniobra destinada a vender los derechos posesorios que el municipio ejercía sobre una gran porción de la costanera del río Xanaes al entonces director de Deporte y Juventud del municipio, Pablo Iván Ghío (también imputado), a través de una tercera persona, Carlos Eugenio Milich, que era insolvente para el emprendimiento que supuestamente afrontaba.

El intendente de Pilar, Diego Bechis, fue detenido por orden judicial.
El intendente de Pilar, Diego Bechis, fue detenido por orden judicial.

De acuerdo con la pericia oficial, el valor de los terrenos -que abarcan una superficie de diez hectáreas- supera los 50 millones de pesos.

La resolución dispone el enjuiciamiento de Ghío como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta calificada y del asesor de la municipalidad Cristian Julio Moyano como supuesto partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta calificada.

Diego Bechis, intendente de Pilar (Córdoba)
Diego Bechis, intendente de Pilar (Córdoba)

Asimismo, la jueza Tulián dispuso elevar la causa a juicio en relación con los concejales Pedro Pablo Botta, Ana Marina Canalis, Rodolfo Rodríguez Zamudio y Carla Inaudi Villegas como partícipes necesarios de administración fraudulenta y autores de abuso de autoridad.

La resolución se completa con la elevación a juicio del jefe de gabinete del municipio (secretario de gobierno en ejercicio) Carlos Martín Biagiola también como partícipe necesario de administración fraudulenta y autores de abuso de autoridad.

La magistrada consideró que la investigación penal realizada por la fiscal de instrucción Patricia Baulies se encontraba concluida y que la prueba incorporada permitía arribar al grado de probabilidad requerido para sostener que los hechos existieron y que los imputados tuvieron participación en ellos.

"El requerimiento de elevación a juicio hecho por la titular de la investigación penal luce acertado y suficiente", concluye la resolución.