La jueza de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de Río Segundo, María Licia Tulián, confirmó la prisión preventiva dictada en contra de los imputados Diego Alejandro Bechis y Cristian Julio Moyano, intendente por el Partido Vecinalista y asesor letrado de la Municipalidad de Pilar (Córdoba), respectivamente.
Al jefe comunal se le atribuyen los delitos de defraudación por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad, mientras que el abogado del municipio está imputado por defraudación por administración fraudulenta calificada.
Según la acusación, Bechis y Moyano, habrían participado en una maniobra destinada a vender los derechos posesorios que el municipio ejercía sobre una gran porción de la costanera del río Xanaes a otro funcionario municipal, Pablo Iván Ghío (también imputado), a través de una tercera persona, Carlos Eugenio Milich, que era insolvente para el emprendimiento que supuestamente afrontaba.
De acuerdo con la pericia oficial, el valor de los terrenos -que abarcan una superficie de 10 hectáreas- supera los 50 millones de pesos.
En su resolución, la magistrada confirmó la prisión preventiva dictada por la fiscal de Instrucción Patricia Baulies tras considerar, entre otros indicios, que los imputados habían incurrido en "actos entorpecedores" de la investigación penal preparatorio, en particular, tratando de influir en el imputado Milich.
Tulián consideró además que "el conjunto de todas las circunstancias referidas, configuran indicios concretos, que posibilitan inferencias no absurdas -sino por el contrario-, serias y razonables, sobre la existencia actual de riesgo procesal".
Asimismo, puntualizó que estas conductas "proyectan desconfianza" acerca del sometimiento de los imputados al accionar de la justicia, lo que torna "absolutamente indispensable" la privación de la libertad de los imputados para asegurar los fines del proceso.
En relación a los actos de amedrentamiento sufridos en esta causa por la fiscal de Instrucción, la jueza sostuvo que "resultan de extrema gravedad por la seria afectación institucional que conllevan, en tanto resultan atentatorios de la libertad, independencia y tranquilidad de espíritu con la deben poder obrar los funcionarios judiciales".