La instancia de los alegatos de las defensas en el marco del proceso de enjuiciamiento de la denominada "Causa de los Magistrados", que se realiza en Córdoba, concluyeron este lunes con pedidos de "absolución" para los cuatro ex funcionarios federales de Córdoba que están acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba en el año 1976.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba (TOF2) pasó a cuarto intermedio hasta el martes 31 de octubre para continuar con las réplicas y las dúplicas de las partes que actúan en este proceso que comenzó el 25 de julio último en contra del ex secretario penal del Juzgado Federal 1, Carlos Otero Álvarez; del ex juez Federal, Miguel Ángel Puga; del ex fiscal Federal, Antonio Cornejo, y del ex defensor oficial Federal, Ricardo Haro.
Los alegatos comenzaron el 18 de setiembre con las exposiciones de las querellas, quienes solicitaron cinco año de prisión para Otero Álvarez; y tres años de prisión para Puga y Cornejo.
En tanto el 3 de octubre los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta solicitaron penas de siete años para Otero Álvarez; cinco años para Cornejo y Puga; y dos años para Haro.
En esta causa "Cornejo, Antonio Sebastián y otros" el debate oral y público está a cargo de los jueces Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, donde se investigan cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de torturas, secuestros, homicidios y de otros delitos.
Son más de 70 las víctimas que, en calidad de prisioneros políticos, pasaron por la Dirección de Informaciones Policiales (D-2),de la Policía provincial y luego por la Unidad Penal 1 (UP1) de la ciudad de Córdoba en causas abiertas por violación a la denominada "ley antisubversiva" (20.840) de la dictadura.
De acuerdo a los elementos que constan en el auto de elevación a juicio, los ex funcionarios judiciales federales están acusados de no haber promovido la investigación de los crímenes denunciados por las víctimas frente a ellos y de haber encubierto a los perpetradores.
Al ser indagados por esas causas, en la que se formalizaba la persecución política, las víctimas pusieron en conocimiento de jueces, fiscales y defensores violaciones de los derechos humanos que estaban padeciendo en su cautiverio ilegal iniciado en el D-2 y continuado en la UP1, pero los funcionarios de la Justicia Federal nunca promovieron la investigación de esos delitos.