En el contexto de medidas restrictivas tras el aumneto de brotes de Covid-19 en todo el territorio provincial, la fiscalía de Villa María imputó al propietario de un comercio y uno de sus empleados por violación del aislamiento obligatorio.
Todo ocurrió cuando funcionarios judiciales constataron que en local se encontraba trabajando una persona que un día antes había sido notificada como contacto estrecho de un paciente con diagnóstico positivo de Covid.
Por esa razón, tenía la obligación de permanecer en aislamiento estricto en su domicilio y no trabajando.
Las imputaciones dispuestas por la fiscalía de segundo turno a través del artículo 205 del Código Penal alcanzaron al titular del comercio y al empleado.
Según se había reconocido en la semana, en declaraciones periodísticas hechas por el dueño del lugar, dentro del plantel de comercio se habían confirmado cuatro diagnósticos positivos de Covid.
El local siguió abierto al público y con el resto del personal trabajando. El propietario dijo que tendría "autorización del COE" para funcionar y que se habían seguido todas las medidas de prevención recomendadas.
