En el marco de la causa Operativo Leyenda hay 42 personas sospechadas de formar una mega banda delictiva.


Una jueza de Córdoba confirmó este viernes la prisión preventiva dictada contra 28 personas, que son investigadas en el marco de Operativo Leyenda, una causa muy resonante relacionada a estafas y ventas de autos robados.

De acuerdo a la información oficial, la jueza de Control, Anahí Hampartzounián, confirmó la prisión preventiva dictada por la Fiscalía del Distrito III Turno 6 contra un nutrido grupo de personas acusadas de defraudar empresas de seguro y “sustraer, para su receptación, ocultamiento, y posterior traslado a otras provincias o países limítrofes vehículos automotores, adulterando la documentación para su posterior comercialización, ya sea en el mismo estado en que se receptaron o reducidos en autopartes”, dijeron voceros de la causa.

Para sostener estas masivas prisiones preventivas, la magistrada confirmó la participación de esas personas en una banda que vendía autos mediante una cantidad de ilícitos en los que los integrantes tenían bien distribuidos sus roles a cumplir en una cadena delictiva que ocasionó perjuicios patrimoniales.

Ante esta red, el fiscal a cargo de la investigación penal preparatoria, Iván Rodríguez, “individualizó a 42 presuntos miembros de la organización delictiva y dictó 38 prisiones preventivas”, recordó el Poder Judicial en un comunicado difundido este viernes.

Hoy, la jueza de garantías confirmó 28 detenciones cautelares por entender que su eventual libertad “podría poner en serio riesgo el destino del presente proceso”.

De acuerdo a los investigadores, la banda obtenía automotores mediante sustracciones o fraudes a las compañías de seguro y los enviaba a otras provincias o a Bolivia, donde eran vendidos con documentanción falsa.

Algunas veces, los vehículos eran desarmados y sus partes vendidas en el mercado negro de repuestos, en distintos puntos de la Argentina, explicaron los peritos.

Sobre la negativa a excarcelar a los detenidos, la jueza argumentó que “la eventual libertad de los encartados podría poner en serio riesgo el destino del presente proceso, toda vez que aún resta prueba fundamental por analizarse, como lo es el cruce de datos contenidos en los teléfonos celulares de cada uno de los imputados”, sostuvo.




Comentarios