Activaron protocolo por Covid-19 en una sede judicial de un barrio de Córdoba

Tras la activación del protocolo de coronavirus ante un posible contagio, se generó una gran preocupación entre trabajadores judiciales de la Unidad Judicial 13, de barrio Residencial América, luego de que la policía llevó a dos mujeres hasta las oficinas de Diagonal Ica y Santiso y Moscoso con síntomas de tos y malestar físico.

Al percatarse de la situación, se disparó el protocolo de coronavirus "por precaución".

Tanto las jóvenes que habían prestado declaración, quienes aparentemente estaban desaparecidas y fueron halladas en la vía pública, como quienes tuvieron contacto con ellas este martes, fueron trasladados al Hospital Rawson.

Una vez allí, se les realizaron hisopados a las jóvenes que no tenían fiebre pero presentaban tos y se sentían mal y a los sumariantes y el ayudante fiscal, según manifestaron judiciales de esa sede. Los resultados de estos análisis aún están pendientes.

Las oficinas de la unidad judicial fueron vaciadas inmediatamente y llegó personal de limpieza profunda con lavandina y desinfectantes, según informaron empleados que accedieron a hablar con La Voz pero prefirieron mantener su anonimato. Tras la limpieza, llegaron los reemplazos de quienes ahora están en cuarentena y se continuó con la tarea cotidiana.

Por otra parte, en un grito desesperado por seguridad sanitaria, los judiciales se quejaron porque se habla de protocolo para reabrir sedes del interior, pero no existe tal medida de seguridad sanitaria para ellos, en las unidades judiciales. Por ejemplo, enumeraron que allí llegan a diario muchas personas entre denunciantes, detenidos, pero que ninguno cuenta con las medidas de bioseguridad.

"No hay un termómetro digital para tomar la temperatura a los policías ni a quienes concurren o llegan a las unidades judiciales", sostuvo una fuente calificada. Señalan, además, que en esos lugares se trabaja desde el comienzo de la cuarentena sin equipamiento adecuado, sin determinar distancias ni otras medidas de protección.

Uno de los consultados señaló que efectuaron una denuncia en el COE de Capital para que se implementen estas medidas en las unidades judiciales.