Rechazaron el pedido de libertad de los gremialistas de Surrbac

El juez Ricardo Bustos Fierro firmó la negativa al pedido de los abogados. Se conocieron nuevas imputaciones a exfuncionarios de Crese.

El gremialista Mauricio Saillén (Archivo).
El gremialista Mauricio Saillén (Archivo).

Los sindicalistas del gremio de recolectores Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, seguirán en prisión en la cárcel de Bouwer luego de que la Justicia federal rechazar un nuevo pedido de libertad.

Los gremialistas están privados de su libertad desde fines de agosto del año pasado, acusados de lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación, en perjuicio de los propios afiliados de su gremio.

El juez Ricardo Bustos Fierro firmó la negativa al pedido hecho por abogados Darío Vezzaro, Fernando Martínez Paz y Eduardo Federico Gómez Caminos, según publicó este viernes La Voz.

La noticia llega el mismo día que el matutino cordobés diera cuenta de las imputaciones decididas por el fiscal federal Enrique Senestrari contra ocho exfuncionarios de la empresa de la Municipalidad de Córdoba, Crese, entre los que se encuentra el propio Catrambone, quien era director obrero del ente del área de la recolección de basura.

El fiscal Senestrari dijo que "compartía" los argumentos de los defensores de los sindicalistas, en el sentido de que considera que ya no existiría peligro procesal en el caso de que fueron liberados.

No obstante, Bustos Fierro enumeró en su resolución, varios motivos por los que deben seguir presos. Entre ellos, que los denunciantes de Saillén y Catrambone han denunciado en varias oportunidades que sufrieron agresiones y asaltos, que estarían vinculados a personas cercanas a los gremialistas.

El juez federal recuerda que los acusados intentaron obstaculizar el accionar de la Justicia el día que fueron a detenerlos a sus domicilios, organizando sendos cercos de camiones recolectores para que las autoridades no pudieran trasladarlos a prisión.

Tras enumerar otras razones, el juez concluye con que será la Cámara Federal de Apelaciones la que debe resolver sobre la libertad de los gremialistas. Lo haría a fines de marzo.