El Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de la ciudad de Villa María, en distintas causas, resolvió autorizar el cobro de asignaciones universales por hijo (AUH) a personas diferentes de los progenitores que estaban al cuidado de los niños beneficiarios, a raíz de haberse adoptado medidas excepcionales de protección de derechos, previstas por la Ley 9944.
Además, dispuso comunicar la resolución a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a fin de que cumplimente con lo ordenado de manera inmediata; y poner en conocimiento al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con sede en Villa María, para que arbitre medidas que resguarden los derechos de los menores que se encuentren en la misma situación.
Concretamente, en una de las causas, el cobro fue autorizado a una tía materna, quien se encuentra al resguardo de dos hermanos menores de edad, sobre cuya madre pesa una prohibición de acercamiento e impedimento de contacto. En otro de los juicios, el permiso fue concedido a dos "familias de acogimiento", guardadoras de tres hermanos.
Autorizan a cobrar asignaciones universales por hijo #AUH a personas que no son los padres. La resolución se comunicó a @ansesgob para que cumplimente con lo ordenado de manera inmediata https://t.co/AAnaUXFQDm pic.twitter.com/UwFszhdaPh
— Justicia Córdoba (@JusticiaCba_ARG) August 29, 2019
En la fundamentación, la jueza Inés Mariel dijo que la provisionalidad de la medida excepcional de Tercer Nivel, la cual debe ser evaluada cada 90 días, no obsta a que, durante su desarrollo y la sustanciación del proceso de control judicial, se cumplan con los derechos reconocidos en la Ley 9944, en consonancia con la Ley Nacional 26061 y Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
En ambos casos, se consideró que el retardo en el tiempo, al no percibir los guardadores tal ayuda, "vulnera un derecho actual y presente de los infantes", esto es, el Derecho a la Seguridad Social de los niños de autos previsto en el art. 29 de la Ley 9944.
A su vez, la magistrada señaló que conforme la normativa provincial en la materia "los organismos del Estado, la sociedad y la familia deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos en la Ley 9444 y en todo el ordenamiento jurídico, nacional, provincial, municipal y comunal".
Por último, consideró que la demora en el otorgamiento del beneficio (AUH), importa una grave violación al interés superior de los niños de la causa (art. 3, CDN), teniendo especialmente en cuenta que el encargado de cumplir el Derecho a la Seguridad Social es un órgano del Estado. La magistrada también tuvo en cuenta que, en caso de que los niños retornen a su "centro de vida", resultará prudente notificarle al titular del ANSES, a los fines de que proceda en consecuencia.
(Foto ilustrativa)