Un ex director del Hospital Príncipe de Asturias, en Villa el Libertador, está acusado por supuesto "peculado". 


El juez de Control en lo Penal Económico, Gustavo Hidalgo, elevó a juicio la causa seguida en contra del ex director del Hospital Príncipe de Asturias Hugo Fabián Moreno, por el presunto delito de peculado.

El magistrado relató que, en el caso, se cuenta sobradamente con elementos para suponer una conducta que, al margen del hecho contra la propiedad, supone un ataque a la administración pública en el sentido de la norma que reprocha al “funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

El magistrado argumentó que ese aparato valuado en unos 200 mil pesos, que se utiliza para medir la capacidad de los pulmones, pertenece al Hospital Municipal Príncipe de Asturias, es decir que es efectivamente un bien público, y al parecer fue sustraído por el funcionario que lo tenía bajo su administración pues disponía de él en razón de su cargo.

El juez Hidalgo, además, destacó que ello tan es así, que el médico Moreno concurrió al hospital un día inhábil con un bolso vacío, luego abrió con llave la puerta de un consultorio, removió el candado de la vitrina donde estaba el espirómetro, lo cargó en su bolso y salió del hospital con este, sin que a nadie le llame la atención esa situación ni lo cuestione en su actuar.

Además, precisó que surge de la página web de la Municipalidad de Córdoba como funciones del director de aquel nosocomio, la de estar a cargo del proceso de administración hospitalaria caracterizado por distintas atribuciones entre la que se encuentra la de asignar y movilizar los recursos (disponerlos).

Esto, con el objetivo de “controlar los recursos y mantener en buenas condiciones las instalaciones, equipos, medicamentos y materiales bajo su responsabilidad y solicitar oportunamente su reposición, mantenimiento o reparación”, entre otros.

Con aquellos argumentos desechó la pretensión de la defensa que intentaba postular que no existe norma legal ni administrativa que coloque a su defendido en el lugar de administrador en razón de su cargo del espirómetro, e hizo lugar a la requisitoria fiscal de elevar a juicio la causa.

El fallo completo, en este link.




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