La prórroga de la Ley 27.507, sancionada en mayo de 2019, extiende una serie de beneficios para el sector en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta; e incorpora las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.

Durante el debate, el presidente de la Comisión Agrícola y Ganadera, José Ruiz Aragón, dijo que el objetivo de extender esta emergencia era mitigar la crisis que atravesaba el sistema productivo.

“La crisis del sector comenzó hace varios años, ha durado por diferentes gobiernos, y cada vez se ensancha más la brecha entre los productores. En el noroeste de la provincia la producción está dividida por unidades económicas familiares y es a quienes más debemos proteger hoy en día”, afirmó. Gabriela Lena, representante de la provincia de Entre Ríos.

Beatriz Ávila y Luis Contigiani, de distintas coaliciones políticas, también apoyaron el proyecto pero advirtieron sobre la necesidad de pasar de las declaraciones de emergencia a impulsar políticas sustantivas.

“El cultivo de cítricos es la principal actividad de la provincia de Entre Ríos, genera exportaciones en torno a los 340 millones de dólares anuales y emplea a 100.000 personas de manera directa”, afirmó Mayda Cresto, una de las impulsoras del proyecto original.

Personal trabajando árboles de citricos 002EAFP PHOTO / CRISTINA QUICLER

“Las exportaciones de cítricos también tienen una alta incidencia en actividades relacionadas, como transporte, seguros, suministros y servicios profesionales, entre otros”, agregó.

Según datos de la Federación de Cítricos de Entre Ríos (FECIER), el 60% de los productores tiene problemas. El 10% no pudo cosechar ni producir y casi el 50% lo hizo parcialmente por falta de producción y ventas.

Además, según el informe, el 82% de los pequeños y medianos productores tuvieron dificultades para comprar materias primas o insumos debido a diferentes cuestiones, como retrasos en las entregas.

Hay más zonas con disparidades de problemas que podrían ser tratadas dentro del marco de esta extensión del plazo de la ley para ver a qué tipo de solución se puede acceder para apoyar a una producción tan estratégica.