Ezequiel Alippe
La Justicia nacional le ordenó al Gobierno porteño que cese cualquier operativo policial cerca de la residencia de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Esto se vincula con las manifestaciones de los militantes en apoyo a ella.
La notificación planteó culminar “en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria vinculada con la custodia de la persona o domicilio de la vicepresidenta de la Nación”.
Los manifestantes mantienen su vigilia en las inmediaciones de la residencia de Recoleta. Se estima que las autoridades porteñas apelarán el pedido de la Justicia.
“Ordenar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Licenciado Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial, directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora vicepresidenta de la Nación”, fueron los señalamientos del pedido judicial.
Y luego continuó: “conforme lo establece el régimen legal vigente, la custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta, sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.
“La fuerza federal encargada de la custodia Presidencial será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso”, reza el artículo 3 del pedido judicial.
Y se dispuso comunicarle a Marcelo D’Alessandro, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, que “la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial”.
El juez Roberto Gallardo fimó el fallo, como una respuesta al pedido que había iniciado el sábado pasado por el dirigente Juan Grabois, en donde manifestaba “que se levanten las vallas colocadas sobre la calle Juncal en su traza entre Paraná, Uruguay y Talcahuano; a efectos de que se garantice la libre circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión en su faceta de derecho a manifestarse en la vía pública, todo eso a efectos de garantizar la paz social en nuestra ciudad”.
En el mismo pedido, Grabois instó a que “se deje sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a protesta y a la libertad de expresión”.
La respuesta de Felipe Miguel ante el pedido de la Justicia
El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, unos minutos después de darse a conocer la noticia, habló en TN y aseguró que “la Policía va a permanecer en el barrio por tiempo indeterminado y todo el tiempo que sea necesario para devolverle al barrio la seguridad, la normal convivencia”.
“Lo que acaba de decidir no tiene nada que ver con lo que está en discusión. Nunca estuvo en discusión que la custodia de la vicepresidente corresponda al Gobierno Nacional. Jamás estuvo en discusión. Nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad respecto de la Ciudad de Buenos Aires, de los vecinos, del barrio ni de las calles de la Ciudad. Ya estamos estudiando y analizado los abogados del gobierno de la Ciudad, una posible recusación, por supuesto, la apelación, como habitualmente nos tiene acostumbrados con sus decisiones este juez”, agregó Miguel.