El Banco Central (BCRA) presentó a la Corte Suprema de Justicia un pedido de inconstitucionalidad de las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que gravan los títulos públicos y actividades reguladas por la autoridad monetaria con el impuesto de Ingresos Brutos.
La entidad informó que solicitó la inconstitucionalidad sobre los artículos de la Ley Tarifaria 2021 y Presupuesto 2021, aprobadas ayer por la Legislaturas porteña.
Esas normas prevén la imposición efectiva del impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades consistentes en operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales y operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA.
En la presentación que realizó, la entidad que preside Miguel Pesce pide que se declare la inconstitucionalidad de las normas locales en cuanto afectan la política monetaria, cuya ejecución le compete por disposición expresa de la Constitución Nacional, al BCRA.
De esta manera, el Banco Central solicitó que ?se ordene la inmediata suspensión de los efectos de la normativa señalada, debiendo ordenarse al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el gravamen aludido?.
La entidad monetaria, tras la aprobación de leyes presupiestarias y tarifarias de el día jueves por la Legislatura porteña, reiteró en su presentación judicial que “se encuentran en juego cuestiones de máxima gravedad institucional”.
En ese sentido, advirtió que “el gravamen a aquellas actividades e instrumentos que hacen a la política monetaria nacional genera o puede generar una grave afectación de la economía en su conjunto”.
Las leyes aprobadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gravan operaciones que impactan en forma directa en la política monetaria cuya ejecución le corresponde al BCRA, en virtud de lo dispuesto por los arts. 75 incs. 6 y 11 de la Constitución Nacional, por lo que la norma local “resulta incompatible con el derecho federal y el texto constitucional”.
