Intendentes del PJ bonaerense presentaron este viernes una nueva acción de amparo ante la Justicia para frenar los aumentos en las tarifas que autorizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La presentación contó con el apoyo técnico del Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
Mario Lovelli, de la ONG, señaló que estos aumentos son "ilegítimos e ilegales", en línea con lo que sentenció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo Cepis (Expediente Nº FLP 8399) de 2016 con respecto al gas.
En ese momento y por unanimidad, la Corte anuló el aumento respecto de los usuarios residenciales y obligó al gobierno de Mauricio Macri a rever el tarifario.
La decisión se circunscribió al colectivo de los usuarios residenciales y las tarifas tuvieron que retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones oficiales que fueron invalidadas.
La Corte Suprema había establecido que los usuarios deben tener un “trato equitativo y digno” por parte del Gobierno que autoriza los aumentos y de las empresas que cada fin de mes envían las facturas a los domicilios.
“Ese fallo dio premisas generales de lo que debe ser una tarifa de servicio público”, dijo este viernes Lovelli en una conferencia de prensa.
El amparo busca dejar sin efecto las resoluciones 1/2019 y 39/2019 del OCEBA y 186/19 de la secretaría de Energía, que autorizaron nuevos incrementos a causa de la devaluación y la inflación.
A continuación citó un caso de la distribuidora EDELAP, en el Gran La Plata, a la que la factura se le incremento 57 veces entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2018 a una familia tipo que consumió 350 kilovatios hora.
“Este mes pagó por el mismo consumo una factura de $2.696, en donde está adicionado ese incremento de costos tarifarios que estableció la provincia de Buenos Aires en las resoluciones que estamos litigando”, detalló Lovelli en la sede de Fundación Internacional para el Desarrollo Local, en el barrio porteño de San Telmo.
Esta presentación judicial se sumó al amparo que los intendentes del PJ llevaron semanas atrás a los tribunales federales de La Plata, pero esta vez apuntaron particularmente a las empresas EDEN, EDEA, EDES, EDELAP y a las cooperativas.