Un fiscal federal impulsó una causa penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber establecido una "Inspección General de Justicia en el distrito metropolitano", pese a una medida cautelar que se lo impedía.
"El traspaso de la Inspección General de Justicia a la órbita comunal implica un claro retroceso en la seguridad jurídica de los habitantes de esta ciudad, pues con la excusa de otorgar mayor agilidad a los trámites societarios, se prevé la derogación del régimen informativo que deben brindar las sociedades constituidas en el extranjero o la eliminación del requisito de la pluralidad sustancial de socios“, explicó en la denuncia el fiscal federal Franco Piccardi.
El impulso a la causa involucra también al ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo; al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, y al director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, Hernán Emilio Najenson.
El denunciante advirtió que la Justicia dictó una medida cautelar que frenó la creación de la IGJ porteña, pese a lo cual el organismo fue igualmente creado en el ámbito de la Capital Federal.