Juliana Argañaraz
La cadena de pizzerías Romario atraviesa una profunda crisis y se presentó a concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra y renegociar las deudas que mantiene, de acuerdo a la ley 24.522.
"Nosotros no podemos trasladar los aumentos que tenemos a los precios, porque de lo contrario no tendríamos ventas. Tenemos mucha presión de la AFIP y también afrontamos muchos juicios laborales. Esas son las principales razones", explicó Fernando Santa Coloma, el administrador, quien además aseguró que el "80 por ciento de los locales" atraviesa la misma situación.
"Con las ventas estamos haciendo equilibrio, como todo el mundo. Pero tendríamos que estar ganando mucho más de lo que ganamos", dijo Santa Coloma a Clarín.
Sobre el futuro de la empresa, fue optimista: "Seguiremos los procesos del concurso, tenemos una empresa viable que va para adelante y vamos a mantener las fuentes de trabajo", aseguró el administrador de la Sociedad de Responsabilidad Limitada que tiene nueve sucursales propias en Recoleta, Palermo y zona norte y emplea a unas 150 personas.
Pero la situación de Romario no es aislada, sino de todo el sector gastronómico: a fines del año pasado, la propia Asociación de Hoteles, Restaurantes y Confiterías y Cafés (AHRCC) se declaró en estado de emergencia y denunció cierre de locales gastronómicos.
"De lo que recaudamos, el 40% se va en Ingresos Brutos, IVA, aportes jubilatorios y cargas sociales. Somos una de las actividades que más trabajo intensivo genera, y sin embargo no recibimos ninguna mano estatal", dijo entonces el titular, Camilo Suárez.