Caso Nahuel: recusaron a los jueces de la Cámara Federal

La familia de la víctima junto a un organismo de Derechos Humanos consideraron que existieron "desvalorización de la comunidad Mapuche".

Imagen archivo. Fuerzas de seguridad custodian un predio tomado por la comunidad mapuche en Villa Mascardi.
Imagen archivo. Fuerzas de seguridad custodian un predio tomado por la comunidad mapuche en Villa Mascardi.

La definición sobre la apelación al procesamiento por "homicidio agravado" y dictado de prisión preventiva contra el cabo primero, Francisco Javier Pintos deberá esperar ante la recusación presentada contra dos de los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.

La presentación contra la jueza Liliana Catucci y el juez Eduardo Rafael Riggi fue realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche. También participaron los abogados de la querella en representación de la familia de Rafael Nahuel.

La recusación se basa en el fallo de ese mismo Tribunal que revocó la excarcelación de los dos jóvenes mapuches, posibles testigos del asesinato, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, que terminaron detenidos.  Para la APDH, los jueces "han manifestado expresamente su desvalorización de la comunidad Mapuche, con expresiones teñidas de una clara parcialidad, y excediéndose en los límites de su competencia, además de contradecir los tratados de Derechos Humanos".

Por ese motivo presentaron la recusación y generará una demora en la definición de la apelación presentada por el abogado defensor de Pintos. El 15 de mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca procesó al Albatros por "homicidio agravado" y dictó su prisión preventiva, la medida se cumplió el 14 de junio.

En ese fallo, el tribunal roquense calificó de "persecución" el accionar de los prefectos ante los integrantes de la comunidad mapuche, Lafken Winkul Mapu. La defensa del único imputado apeló a la resolución con un amparo en Comodoro Py.

La presentación de la APDH, realizada por las abogadas Natalia Araya, Julieta Blanco, Sebastián Feudal y Juan Mandagaran, podría modificar la conformación del tribunal o demorar la resolución ante la apelación presentada. Según publicó ADN.