El Tribunal de Justicia habilitará una nueva concesión con Capsa recién en 2056.


El Superior Tribunal de Justicia cerró el paso al intendente Gustavo Gennuso para destrabar el conflicto por el cerro Catedral y habilitar una nueva concesión directa con la empresa Capsa hasta 2056. Ese contrato, que habilitaría inversiones por más de 22 millones de dólares, fue aprobado por ordenanza hace más de un año, pero quedó bloqueado por una medida cautelar que dictó la Cámara Civil de esta ciudad y ayer quedó confirmada por el STJ.

La demanda original había sido impulsada por el legislador Alejandro Ramos Mejía (FpV), quien impugnó el acta de intención firmada por Gennuso con Capsa a fines de 2017 con el fin de avanzar en la nueva concesión. Ahora, el tribunal local deberá retomar el trámite del expediente para resolver la cuestión de fondo, lo cual torna casi imposible que el intendente pueda firmar el contrato con Capsa antes del fin de su mandato.

Gennuso había apostado a dejar encarrilado lo que consideraba el único proyecto viable para “modernizar” el cerro Catedral, que incluía la colocación de nuevos medios de elevación, la ampliación del área esquiable, la instalación de equipamiento para la fabricación de nieve y el desarrollo de una nueva urbanización.

Esto generó rechazo en distintos sectores políticos y sociales, que realizaron varias presentaciones judiciales, organizaron campañas de firmas y dejaron sentadas sus críticas en una audiencia pública con más de cien oradores, que se extendió a lo largo de dos días.

Ramos Mejía había recusado de los jueces del Superior Tribunal de Justicia porque entendió que tenían posición tomada en favor del gobierno provincial y municipal. El pedido fue desoído, pero aún así fallaron en su favor. También sorprendió porque fueron en contra del dictamen del procurador Jorge Crespo, quien se había pronunciado por aceptar la apelación del municipio.

Ayer el legislador dijo que la resolución del máximo tribunal “es muy importante porque impide cualquier avance sobre el Catedral” sin cumplir con los recaudos ambientales y sin un consenso más amplio de los vecinos. “Sobre los jueces no puedo decir nada, el fallo es destacable y me sorprende gratamente”, aseguró.

Dijo que, en lo esencial, al dejar firme la orden de no innovar que frena la firma del contrato, la sentencia “evita que se consoliden derechos respecto de un acuerdo que es cuestionable desde lo judicial y desde lo político”. Según publicó Río Negro.






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