El "Programa de Extensión en Contextos de Encierro" y el "Grupo de Investigación y Extensión de Salud en Contextos de Encierro" de la Universidad Nacional del Sur emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por el tratatamiento que se está dando a las medidas alternativas al encierro en las cárceles para contener el COVID-19.
Los proyectos de extensión universitaria desarrollan una agenda en el contexto carcelario tendiente a que la pena de prisión sea lo menos deteriorante y deshumanizante posible frente a la futura reinserción social de las personas privadas de la libertad.
"Las cárceles de nuestro país se ven afectadas por una crisis de superpoblación, hacinamiento, excesos en la prisión preventiva, fuertes restricciones en el acceso a la salud, el trabajo y la educación, problemas de infraestructura, mala alimentación, ventilación e higiene", afirmaron.
Indicaron además que el cuadro se agrava por el contexto de pandemia de coronavirus. "A ello se suma la presencia de internos con HIV, tuberculosis, diabetes crónica, enfermedades respiratorias, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, niñas/os y adolescentes o con otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que estos internos necesiten asistencia extramuros", dicen.
Sostienen que las personas privadas de su libertad están en un ambiente de mayor vulnerabilidad y en que lo habitual es la próximidad que, sumada a las malas condiciones de higiene crean condiciones favorables para la propagación del virus.
"Es por tal motivo que por estos días la OMS, la ONU, y la CIDH han recomendado la aplicación de medidas alternativas al encierro carcelario, que recordamos siguen siendo restricciones a la libertad y cumplimiento de pena. Países con mejores sistemas carcelarios han seguido estas recomendaciones aplicando medidas alternativas", señalaron
Finalmente manifestaron: "Rechazamos el intento de estereotipar la aplicación de meditas alternativas a la prisión. Cada caso debe ser resuelto por los jueces conforme al derecho vigente, el trámite procesal correspondiente y si existen decisiones censurables, las mismas deben ser revisadas en los casos concretos.
"Lamentamos la utilización del legítimo dolor de las víctimas de delitos, especialmente de aquellos aberrantes, provocando su revictimización, mediante la incitación a la violencia, la publicidad de sus casos en medios de comunicación masiva, y la desinformación", concluyeron.
