Claudia Mercado
Los dirigentes de la CGT se reunieron la semana pasada con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para plantearle un reclamo referido a las obras sociales, pero fue inevitable que la charla incluyera algunas dudas y requerimientos en caso de que el funcionario llegue a la Presidencia.
El encuentro tuvo lugar en el Sindicato de Sanidad y, además, de Rodríguez Larreta, estuvieron el economista Hernán Lacunza y el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Jarvis. En tanto por la CGT se hicieron presentes: los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) más los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (Seguro), quienes representan al sector mayoritario de la central obrera.
La reunión se concretó por pedido de la CGT y a fin de plantear un reclamo al Gobierno porteño de una deuda de unos 600 millones de pesos por los testeos y la atención a afiliados de obras sociales sindicales en hospitales públicos durante la pandemia.
No obstante, la conversación se amplió a otros temas: inflación, aumento de precios, corrida cambiaria y, por supuesto, cuál es el plan de Larreta en caso de llegar a la Casa Rosada.
“Tranquilos, no voy a romper el sistema”, les habría dicho el jefe de Gobierno cuando los dirigentes comenzaron a pedirle precisiones sobre su propuesta de modernizar la legislación laboral. La idea, dijo Larreta, es comenzar a hablar de “actualizar” las leyes y no de “reforma laboral”. También aseguró que su propuesta es “generar acuerdos a partir del diálogo” con la CGT.
Las medidas laborales que prometió Larreta
Larreta anticipó la creación de un nuevo sistema de multas judiciales por trabajo mal registrado o no registrado, mediante la modificación de la Ley 24.013 de Empleo. Este apunta a un esquema de multas más “previsible”, que serán calculadas sobre la base de un 50% del salario mínimo y cuyo destino final será el sistema solidario de seguridad social, lejos de beneficiar a “la industria del juicio”.
Asimismo, ratificó que mantendrá sin cambios el sistema de negociación colectiva. Esto sin dudas es más que valorado por el sindicalismo peronista dado que así podrían seguir discutiendo y acordando salarios y condiciones de trabajo con los empresarios.
En ese sentido, Larreta prometió que no se tocará la ultraactividad (es decir, la prórroga automática de la vigencia de los convenios colectivos), pero sí se impulsarán acuerdos sectoriales entre sindicatos y cámaras empresariales para actualizar sus contenidos, ya que la mayoría proviene de los años 70.
A su turno, Jarvis, uno de los encargados de elaborar la propuesta laboral del larretismo dentro de Juntos por el Cambio, detalló otras ideas que se proyectan. Una de estas es el blanqueo laboral, que alivianará la situación de las empresas, generará un escenario de previsibilidad y alentará las nuevas contrataciones ya que no será tan caro darles empleo a nuevos trabajadores.
También habló de un esquema de formación para el empleo que podría ser el camino de los planes sociales hacia el trabajo. El objetivo es federalizar “agencias de empleabilidad” que, con aportes privados, puedan traccionar una especie de seguro de desempleo para contener a sus beneficiarios mientras se capacitan y consiguen trabajo. Una vez que consiguen trabajo, salen del subsidio y ese monto se integra como una parte del salario del trabajador.
Por otro lado, analizan un régimen especial laboral para pymes con el fin de que puedan definir estrategias propias para el sector.
Sistemas indemnizatorios: un punto de discusión
La CGT se mostró en desacuerdo con la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo para permitir que empresarios y sindicalistas acuerden en sus convenios sistemas indemnizatorios propios para cada actividad. La propuesta se parece al Fondo de Cese Laboral de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y también se relaciona con la propuesta del empresario textil Teddy Karagozian: un Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que actúe como una “mochila” de protección para los trabajadores en caso de ser despedidos.
Según el larretismo y la UCR de esta manera se podría beneficiar a sectores de alta rotación laboral y elevada litigiosidad, como la hotelería, la gastronomía, el comercio minorista, maestranza o vigiladores privados. En tanto, algunos sindicalistas admiten en privado que analizan un sistema de esas características para tratar de recuperar fuentes de trabajo que se perdieron en la pandemia.
En qué quedó el reclamo por las obras sociales
Sobre la deuda de las obras sociales con FACOEP (Facturación y Cobranza de Efectores Públicos), una empresa del Estado porteño que depende del Ministerio de Salud, Rodríguez Larreta y la CGT quedaron en seguir conversando.
Una de las ideas que se evalúa es que los 600 millones de pesos que deben las obras sociales se compensen con los hoteles que los sindicatos pusieron a disposición del Gobierno porteño para que alojaran a quienes tenían que cumplir la cuarentena por el Covid-19.