Javier Álvarez
El Gobierno de Alberto Fernández decidió abstenerse de condenar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el arresto arbitrario de precandidatos presidenciales en Nicaragua que fueron ordenados por la administración de Daniel Ortega, porque no está de acuerdo con “dejar de lado el principio de no intervención en asuntos internos” de los países.
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El domingo último, el Gobierno nicaragüense hizo detener por la Policía al ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco, acusado de incitar la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y celebrar las sanciones contra miembros de la administración nacional.
Tinoco (de 68 años) fue detenido en un centro comercial de Managua por “unos 10 hombres encapuchados y de civil”, según comentaron allegados. Y con él, ya suman trece los opositores arrestados en menos de dos semanas.
Ortega preside Nicaragua desde el 10 de enero de 2007 y ahora pretende acceder a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones generales que se celebrarán el 7 de noviembre. Y la estrategia oficial parece ser la de una polémica ofensiva judicial contra los opositores.
En los últimos dos años, la OEA, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Grupo de Lima y la Unión Europea han condenado la escalada violenta contra la libertad de expresión y la censura directa de medios del país centroamericano.
En ese contexto, el Consejo Permanente de la OEA votó este martes a favor de una resolución en la que condenó el arresto, “acoso y restricciones arbitrarias” impuestas a precandidatos presidenciales, a los partidos políticos en Nicaragua y en la que pidió la inmediata liberación de todos los presos políticos.
En una reunión virtual, el Consejo aprobó el documento en el que expresó su “alarma ante el reciente deterioro” político y la situación de los derechos humanos en el país centroamericano. El gobierno de Fernández participó de este encuentro, pero se abstuvo de votar.
Finalmente, veintiséis países votaron a favor de la resolución, mientras que Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron en contra. México, Honduras, Belice y Dominica se sumaron al pelotón de la Argentina.
En un comunicado conjunto, la Argentina y México explicaron su posición. Dijeron que están comprometidos con el respeto y la promoción de los derechos humanos desde una concepción integral dentro de la cual están contenidos los derechos civiles, políticos y electorales y manifestaron su “preocupación” por lo ocurrido recientemente en Nicaragua.
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A estos dos países les preocupa “especialmente” la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados. “Hemos sido testigos, en varios países de la región, de casos inadmisibles de persecución política. Rechazamos esta conducta”, dijeron Argentina y México.
Pero aclararon que no están de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, “tan caro a la historia” de América Latina. Tampoco concuerda, según el comunicado, con “la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales”.
Por ello, dijeron los gobiernos de Fernández y de Andrés Manuel López Obrador, no les fue “posible” acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración en la OEA. “Es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta. Agradecemos el esfuerzo negociador de algunos Estados miembros y hacemos un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano”, dijeron.
Tras ello, expresaron su disposición plena para “colaborar constructivamente”. Y señalaron que están convencidos de que esta situación será superada por los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, calificó la resolución del martes como “inadmisible, de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para el gobierno de Nicaragua’”. Y criticó las “prácticas injerencistas’” de la Organización y de los Estados Unidos por ejercer presión a los países para que se sometan a las directrices en “su campaña de agresión y guerra mediática de tergiversación de la realidad nacional”.
En Nicaragua, la oposición acusa al gobierno de Ortega de intentar eliminar de las elecciones a posibles rivales del Presidente, quien a sus casi 76 años aspira a una tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo a partir de enero de 2022.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.