En una reunión llevada a cabo este martes en la Casa Rosada, los ministros de Interior y de Economía, Eduardo “Wado” de Pedro y Martín Guzmán, respectivamente, acordaron con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que los equipos técnicos de Nación y Ciudad se reunirán para avanzar en torno al diferendo por los fondos que la administración central deriva para sostener la seguridad porteña.
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De Pedro y Guzmán recibieron a Larreta con los datos arrojados de una serie de informes, en los que se indica que el traspaso de las competencias de seguridad implicaron que la Ciudad reciba recursos excedentes por 86.269 millones de pesos durante 3 años.
“El presidente Alberto Fernández se comprometió durante la campaña de 2019 a construir un país más equitativo y federal. En ese marco, la decisión del Gobierno nacional fue subsanar un acto discrecional realizado por el Gobierno anterior y ponerle fin a los privilegios”, manifestó De Pedro al finalizar el encuentro.
Sobre la ampliación de los fondos recibidos por la CABA durante la gestión de Cambiemos con motivo de la transferencia de las funciones de Seguridad, el ministro del Interior dijo que “el gobierno de Mauricio Macri apeló a la discrecionalidad para duplicar la transferencia de recursos sin el respaldo de una ley”.
Acto seguido, a modo de contraste, comparó: “El Gobierno nacional trabaja como ordena la Constitución, construyendo un verdadero federalismo con equidad, que es el camino que trazó el Presidente”.
En cuanto a la reunión de trabajo con Larreta, en el Gobierno difundieron un comunicado de prensa en el que se informó que De Pedro y Guzmán ratificaron la vigencia de la ley 27.606 (Convenio de Transferencia Progresiva a la CABA de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales), que se aprobó en diciembre de 2020.
En esa ley se conformó un ámbito de diálogo bilateral por un plazo de 60 días que, en su momento, fue rechazado por las autoridades porteñas.
Guzmán, al referirse al encuentro, resaltó que el diálogo “es fundamental para construir un federalismo de concertación” y dijo que la voluntad de la Casa Rosada es “trabajar de forma cooperativa para resolver el diferendo”.
“Independientemente del reclamo de la Ciudad, desde el Gobierno nacional estamos mes a mes ejecutando los actos correspondientes para el cumplimiento de la ley 27.606”, reafirmó el ministro.
Por su parte, desde el Gobierno porteño se manifestó “predisposición al diálogo” pero, también a través de un comunicado de prensa, se aclaró que consideran “inconstitucional la quita de fondos adjudicados al traspaso” (de la Seguridad a la CABA) y que la instancia realizada hoy “no significa que la Ciudad renuncia a la demanda ante la Corte Suprema, como tampoco una convalidación de la Ley 27.606”.
Esa legislación establece que el “gasto anual” de la transferencia de seguridad, así como “su mecanismo de actualización trimestral”, deben ser acordados “en forma bilateral”.
El diferendo por esos fondos tiene su origen en los inicios de la administración de Mauricio Macri, cuando el expresidente -con el argumento del traspaso de la Policía- incrementó por decreto los recursos destinados a la Ciudad del 1,4% al 3,75%.
Al poco tiempo de asumir, Fernández mantuvo reuniones con Larreta para tratar el tema y lo propio hicieron los equipos técnicos de ambos gobiernos durante varios meses, pero mucho de lo avanzado quedó en espera por el comienzo la pandemia de coronavirus en marzo de 2020.
En septiembre pasado, el Presidente redirigió los fondos hacia la provincia de Buenos Aires, decisión que llevó a la Ciudad a elevar un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia.
Hacia fin de 2020, todas las jurisdicciones -salvo la Ciudad- suscribieron un Pacto Fiscal en el que, entre otros puntos, acordaron que las funciones traspasadas a cualquiera de las provincias se deben hacer por ley y no se puede utilizar la Coparticipación para transferir fondos.
Casi simultáneamente, el Congreso aprobó la Ley 27.606 en la que se ordena que el “gasto anual” de la transferencia de la seguridad a la Ciudad y “su mecanismo de actualización trimestral” sean acordados “en forma bilateral”.
También la Corte Suprema avaló, durante la tercera semana de abril, que la resolución del diferendo se realice en el marco de la norma dictada por el Parlamento.
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La Ciudad aclaró que, desde su punto de vista, la reunión de esta tarde “fue una instancia que propuso la Corte Suprema de Justicia” y que “ambas partes volverán a reunirse en dicha instancia el próximo miércoles 26 de mayo”.
La Nación, por su parte, recordó que resta recibir la opinión técnica elaborada por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), contemplada en la ley de traspaso de los servicios de seguridad, en la que se determinará el monto de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad.
Con información de Télam.
