La gestión de los subsidios eléctricos que benefician principalmente a Buenos Aires y la intención de la Casa Rosada de comenzar a cambiar este esquema generó una fuertísima tensión interna en la coalición Frente de Todos, dejando al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en veradas opuestas y con una inocultable confrontación política, la más grave en 17 meses de mandato.
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La disputa escaló hasta un punto en el que con el aval de Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, le pidieron el viernes la renuncia a un funcionario de segunda línea que responde a la vicepresidenta y este resistió en el cargo, afirmando incluso que no se aplicarán aumentos ya decididos por el Poder Ejecutivo.
Es el caso del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien desconoció el pedido de renuncia. Y no solo eso: mandó a desmentir a los ministros. Desde su entorno salieron a afirmar que es “falsa” la versión de que este año habrá dos aumentos para la tarifa eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a contramano de lo comunicado por la Casa Rosada.
La situación es grave. Las diferencias no quedaron solo en entredichos. Jefatura de Gabinete y Economía anunciaron que el primer aumento para el AMBA será del 9% (como ya lo plasmaron a última hora del viernes en el Boletín Oficial) y anticiparon que habrá otro, para llegar a un 15% total anual. Con eso, los subsidios crecerían sólo atados al avance del PIB, como lo indica el Presupuesto 2021, pero no habría esfuerzo fiscal extra.
El Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) publicó un comunicado ayer a las 08:00 de mañana anunciando el incremento del 9%. Una hora después emitió otro comunicado, mencionando “único incremento”. Media hora después, ese segundo texto fue anulado. En el medio hubo un frenético cruce de llamadas entre Casa Rosada y el organismo.
Cristina conduce desde el sur
Al ENRE lo conduce Soledad Manín. Antes de ella, el interventor de ese organismo fue Basualdo, con quien hoy tiene línea directa y quien ya había estado allí en 2014, durante el segundo gobierno de Cristina. Los dos son los soldados de la vicepresidenta en la causa por no ajustar tarifas que impacten en el Conurbano bonaerense, donde la pobreza afecta al 51% y donde ella tiene su principal bastión electoral.
Cristina conduce a Basualdo y Manín desde el sur, con apoyo de los funcionarios de La Cámpora que hay en el Gobierno. Desde antes de la Semana Santa la vicepresidenta anda entre El Calafate y Río Gallegos. En el medio sólo viajó a Buenos Aires para presidir la sesión especial del Senado del 8 de abril, cuando se sancionó la ley para bajar la presión de Ganancias sobre asalariados y jubilados.
En la Rosada, mientras, están los que tienen la sartén por el mango, con aceite hirviendo en su interior: Fernández, Cafiero y Guzmán, los responsables del déficit fiscal, la emisión monetaria, la inflación desbocada, la necesidades de ayuda social que imponen la pandemia y la crisis económica, y la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París.
“Se irá por ineficaz”
Los tres le habían encargado a Basualdo que trabaje en los mecanismos de segmentación para que los incrementos de tarifas no impacten en todos los usuarios por igual. Pero en 17 meses de gestión, Basualdo y Manín no avanzaron. Y ahora la suba de tarifas será igual para quien vive en un barrio privado exclusivo y para quien habita en una villa bonaerense.
Cuando en agosto pasado Fernández echó el entonces secretario de Energía Sergio Lanziani y lo reemplazó por el diputado kirchnerista Darío Martínez, Basualdo pasó a ser subsecretario y lo sucedió Manín en el ENRE. Ahí, Guzmán les pidió que trabajen con la AFIP y la ANSeS para que haya una vinculación entre la factura de los usuarios y los DNI, como mecanismo para segmentar los incrementos. Pero nada de eso ocurrió.
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Tras la resistencia inicial, en el Gobierno aseguran que Basualdo se irá del puesto, independientemente de lo que diga Cristina porque Fernández ya resolvió desplazarlo. “Se va por incompetencia e impericia, por ineficacia. Un año y medios después, aún habla de escenarios sin datos reales y certeros, con porcentajes inconsistentes que no permiten tomar medidas justas”, dicen en Casa Rosada.
El Presidente, Cafiero y Guzmán quieren descongelar las tarifas en el AMBA porque no tienen margen para incrementar los subsidios. El presupuesto 2021 prevé mantenerlos en línea con 2020, es decir, 1,7% del PIB, equivalentes a unos 625.800 millones. Eso significa que crecerían 5% este año. Cristina, a contramano, quieren mantener el congelamiento hasta después de las elecciones, para lo que se necesitarían unos 200.000 millones más.
En el país, el Estado nacional subsidia el costo de producción de la electricidad y el gas, vía precio mayorista. No se distinguen usuarios por zona geográfica o nivel de ingreso. Reciben el mismo proporcional un departamento en Puerto Madero, una mansión en Pinamar, una casa en Córdoba o Mendoza y una casilla en un barrio de emergencia del conurbano bonaerense.
La diferencia de valores está en los tramos de transporte y distribución. Este último depende de los subsidios que deciden pagar o no los Estados provinciales. Eso hace que por el mismo consumo, un cordobés y un mendocino paguen mucho más que un habitante del AMBA, donde Nación también vuelva recursos en transporte y distribución.
Por ese último punto, el 60% de lo que el Estado nacional vuelca en subsidios al gas y el 55% de lo que va a la electricidad queda boyando en el AMBA. Si además se le sumaran el transporte de pasajeros y el interior bonaerense, seis de cada diez pesos en subsidios estatales para estos tres rubros quedan en esa zona del país donde vive el 45,4% de la población.
Por ahora, la disputa está que arde. En el Gobierno dicen que Guzmán está firme y no retrocederá en su pedido de sacar a Basualdo. En el cristinismo aseguran que el subsecretario tampoco se irá. El final de este culebrón político, en medio de la segunda ola de la pandemia de Covid-19 más virulenta y letal, es abierto.
Por la Corresponsalía de Buenos Aires
