El rol de la Oficina Anticorrupción (OA) es motivo de discusiones en las más altas esferas políticas desde su creación, a fines de los ’90, para dejar atrás las escandalosas prácticas que marcaron aquella década. Es un debate que ahora Alberto Fernández busca saldar definitivamente con las opiniones de los integrantes del Consejo Consultivo que elaboró propuestas para reformar la Justicia.
En diciembre de 1999, en el tramo final del gobierno de Carlos Menem, el Congreso aprobó la Ley de Ética en la Función Pública con la que también se creó la OA en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Y atento a las promesas de campaña para darle mayor transparencia a la gestión, Fernando de la Rúa reglamentó el funcionamiento de la OA apenas asumió al frente del Poder Ejecutivo.
Con el decreto 102/99 que se publicó el 23 de diciembre de 1999, se estableció que el ámbito de aplicación de la OA comprende “a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal”.
Se determinó que estaría a cargo de un Fiscal de Control Administrativo, con rango de Secretario, y que sería designado y removido por el Presidente de la Nación, y que tendría como objetivo, además de promover las buenas prácticas de gestión, llevar el registro de las declaraciones juradas de los funcionarios y denunciar ante la Justicia competente los hechos que pudieran constituir delitos.
Además se la facultó para “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia”.
Los principales criterios respecto al rol de la OA se mantuvieron hasta 2015 porque, días después de asumir, el entonces presidente Mauricio Macri, también pendiente de las promesas para luchar contra la corrupción del kirchnerismo, firmó el decreto 252/2015 con el que modificó los requisitos para definir al titular de la oficina.
Macri habilitó que la conducción del área sea ejercida por el secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien también será nombrado por el Presidente. Así facilitó la llegada de Laura Alonso.
Con Alonso al frente, la OA se presentó como querellante en varias de las principales causas en las que se investigan presuntos delitos de corrupción perpetrados durante los gobiernos kirchneristas. La más relevante es la de Hotesur, en la que se trata de determinar si la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus hoteles para lavar dinero proveniente de sobreprecios en la obra pública.
Y hacia el final de su mandato, Macri firmó el decreto 54/2019 para empoderar a la OA: le otorgó mayor jerarquía institucional y elevó el cargo de su titular al rango de ministro. También propuso transformarla en un organismo desconcentrado de la Presidencia de la Nación.
La gestión de Alonso alimentó los cuestionamientos por los que ahora se vuelve a poner en tela de juicio el alcance de las funciones de la OA. “Mi política es que la OA no está para querellar contra funcionarios del gobierno anterior, contra funcionarios de este gobierno o contra nadie”, se diferenció el fiscal Félix Crous, el actual conductor del organismo.
En mayo pasado la OA dejó de ser querellante en las causas contra Cristina Kirchner. “Nosotros somos la quinta rueda de un carro en el litigio judicial”, justificó Crous, quien aseguró que el avance de las investigaciones no se vería afectado.
Para tratar de ponerle fin al dilema, el presidente Fernández le encomendó analizar la situación a los juristas que integraron el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Los expertos Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Cármen Battaini, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo evaluaron si era conveniente incorporar a la OA a la estructura del Ministerio Público Fiscal.
La mayoría consideró que “la OA debería permanecer en la esfera del Poder Ejecutivo, ejerciendo exclusivamente competencias no penales y debería titularizar la obligación funcional de remitir a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal el caso que considere susceptible de ser enmarcado en una eventual denuncia o querella penal”.
El informe incluyó 9 conclusiones sobre esta cuestión, entre las que se destaca la necesidad de que el Congreso sea el que designe al titular de la OA mediante un acto complejo, y que la extensión de su mandato esté desvinculada de un período presidencial. Además, se planteó que su remoción no debería ser por única voluntad del Presidente sino que se debería establecer un mecanismo similar al que rige para el presidente del Banco Central y que depende del Senado.
Esa fue la posición de Herrera, Sbdar, Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Gil Domínguez y Palermo, y es la postura con la que Alberto Fernández diseñará los próximos proyectos de ley para reformar la Justicia.
Tal como indicaron fuentes oficiales a este medio, el Presidente acelera el paso para presentar ese paquete de propuestas legislativas el 1 de marzo, cuando exponga en el Congreso para dar inicio al periodo de sesiones ordinarias.
