Paulina Pereyra
Luego de dos años y medio que confirmaran su procesamiento, la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, irá a juicio por corrupción. El fiscal Eduardo Taiano se lo solicitó al juez federal Julián Ercolini, quien dio por clausurada la investigación y firmó la elevación del caso para la instancia del debate oral.
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Gils Carbó fue procesada por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración. Este martes el juez Ercolini firmó la elevación a juicio oral luego de que la Cámara federal porteña rechace una serie de recusaciones y reclamos.
En la sede de Comodoro Py, Gils Carbó deberá afrontar un debate oral bajo la acusación de negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de un edificio para que funcionen las oficinas de la Procuración. Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos.
Según la Justicia, el objetivo de la operación fue dar “apariencia de legitimidad” a un proceso administrativo, “con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación”, expresó el juez Ercolini.
De esta forma, los imputados se valieron de “formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble”, que para la Justicia estuvo decidido de “antemano” para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso, sostuvo el fiscal Taiano.
Para la Justicia, las principales autoridades de la Procuración “idearon y ejecutaron un plan complejo” para “adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública”.
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La compra del inmueble ubicado en la calle Perón al 600 habría estado “decidida de antemano, acuerdo previo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA”, cuya cara visible fue Adrián Fischer. La empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA.
El inmueble costo de $43.850.000 y contó con la intervención “dolosa y fundamental” de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill (productor de seguros que participó como intermediario y medio hermano de Bellingi). Durante la operación se pagó una comisión de $7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry que a su vez pagó otra comisión de $3 millones por asesoramiento a Thill, el medio hermano de Bellingi.
La Justicia sostuvo que la compra fue por un “monto significativo mayor a los $27 millones que se hubieran pagado de manifestado concretado la operación relativa a la licitación pública N ° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto”.