Los empresarios industriales más importantes de la Argentina se reunieron este lunes, algunos de forma presencial y otros virtual, para terminar de pulir la idea de proponerle al Gobierno que entregue las vacunas necesarias para que los trabajadores puedan ser inoculados contra el Covid-19 en el interior de las fábricas y los parques industriales.
Esto fue dialogado este lunes en una reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que integran nombres de peso en el empresariado como Miguel Acevedo; Luis Betnaza; Daniel Funes De Rioja; Miguel Ángel Rodríguez; Guillermo Moretti; Adrián Kaufmann Brea; Cristiano Rattazzi; entre otros.
Si bien por el momento no hay suficientes vacunas, los empresarios elaboraron un plan para acercárselo al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Salud, Carla Vizzotti. Las empresas quieren poner a disposición el transporte y la logística que esté a su alcance para vacunar a sus dotaciones.
A partir de esta semana comenzarán a llegar al país nuevos cargamentos de las vacunas Sinopharm, Sputnik V y Covishield. Antes de fin de mes podrían arribar más de tres millones de dosis. Y entre los industriales están convencidos que es momento de empezar a inocular a la mano de obra para que no se resientan nuevamente los procesos productivos.
En la reunión hubo consenso que la industria no está para experimentar otra caída como la de 2020. El año pasado, la actividad industrial se contrajo 7,6 % en 2020. Fue el tercer año consecutivo en retroceso y la mayor contracción de la serie histórica que arrancó en 2016, debido al impacto de la pandemia de coronavirus.
Incluso en enero de 2021, la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 57,2%, nivel superior al del mismo mes de 2020, en el que se registró un 56,1%. Pero este es un guarismo que se ubica lejísimo de aquel 82% alcanzado en el cuarto trimestre de 2011, una década atrás.
Hoy en la Argentina hay unas 50.215 empresas industriales que generan 1.123.572 puestos de trabajo (26.924 menos que en 2019). En masa salarial, mueve unos 100.000 millones de pesos por mes (sin aguinaldo). Por lo que es un rubro esencial por tres motivos: demanda mano de obra; abastece el mercado interno e inyecta mucho dinero al consumo cada mes.
Según datos oficiales a los que accedió este medio, el 53% de los trabajadores industriales están empleados en empresas grandes. El 22% está en empresas medianas. El 18% en compañías pequeñas. Y el 7% restante está en micro empresas. Por estos porcentajes, los industriales creen que es posible vacunar en las grandes plantas.
Enero y febrero no fueron fáciles en las fábricas. Además de que hubo vacaciones, también continuaron dispensadas de ir a trabajar por ser pacientes de riesgo varias decenas de miles de personas. Según Funes de Rioja, en algunas empresas las personas que siguen suspendidas por cuestiones de salud se ubican entre el 12% y el 20% del total de las plantillas.
Si bien el desempleo es elevado en la Argentina y con la pandemia el problema se agravó, no existen relevos inmediatos para esos trabajadores suspendidos porque muchos de ellos son puestos de media y alta tecnología para los que fueron capacitados durante años. Por estos motivos y la falta de insumos es que cayó muy mal en la UIA las acusaciones contra empresas por presunto desabastecimiento.
El 17 de febrero, la Secretaría de Comercio Interior imputó a grandes empresas por “retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”. A través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, las imputaciones recayeron sobre las compañías Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian.
La decisión se formalizó luego de verificar que esa empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la resolución 100/2020, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo el año pasado.
En el Comité Ejecutivo de la UIA se discutió esto. Y la conclusión a la que llegaron los empresarios es que se trata de un error del Gobierno, en medio de una sobreactuación para mostrar músculo político ante el rebrote inflacionario, en un contexto de fuerte suba de los precios internacionales de los insumos y de la escasez de los mismos por las trabas que se imponen oficialmente a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIS).
“El actual esquema no permite que se garantice la producción de bienes en un contexto de recuperación de la actividad”, dijo la UIA en un comunicado tras el reciente encuentro de la Junta Directiva el viernes pasado.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.