Florencia Orzanco
El diputado nacional por el Frente de Todos, Facundo Moyano presentó un proyecto de ley que aspira a la creación de la empresa estatal denominada Autopistas Metropolitanas SA (AUMET), con el objetivo de estatizar los peajes y el mantenimiento de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste.
El proyecto de ley fue presentado hace alrededor de un mes por Moyano frente al Congreso de la Nación. En la propuesta se detalla que el 7% de AUMET SA será para los peajistas. Otro 10% quedará en manos de un operador privado, mientras que el 83% sería del Estado.
De esta forma, del paquete accionario en manos estatales quedaría en un 35% para el Ministerio de Transporte, otro 35% para Obras Públicas y un 13% para Vialidad.
“La creación de Aumet debe ser entendida como una medida superadora, que necesitará la optimización de los recursos disponibles a fin de mejorar la infraestructura vial existente en el AMBA”, indicó en el texto de su proyecto de ley el legislador.
Además, de manejar los peajes y encargarse del mantenimiento de las autopistas, AUMET tendrá la facultad de ejecutar obras viales de enlace en los municipios bonaerenses que están atravesados por la Panamericana y el acceso Oeste.
Moyano puntualiza que la función de la compañía estatal implicaría la “construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación, prestación de servicios al usuario, en las trazas, rutas y autopistas que conforman los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en jurisdicción nacional resguardando el medio ambiente y la seguridad vial“.
“La fuente de ingresos de AUMET SA provendrá de la recaudación por aplicación del régimen tarifario que fije anualmente el Poder Ejecutivo y cuyo incremento anual no podrá ser inferior a la variación anual del índice de precios internos al mayor nivel general (IPIM). Los valores mínimos así determinados serán de aplicación automática“, detalla el proyecto.
En los considerandos, se propone un directorio de cinco miembros con tres años de mandato, que podrán ser reelegidos en forma indefinida. Mientras que la presidencia quedará siempre a cargo de uno de los tres representantes oficiales que envíen Vialidad Nacional y los ministerios de Obras Públicas y Transporte.