Rita Márquez
En lo que va del año, 59 mujeres fueron asesinadas en el país, una por día, según datos del Observatorio Lucía Pérez. En la mayoría de los casos, existían denuncias previas contra el femicida, lo que expone una vez más las fallas en las políticas públicas de prevención y su insuficiencia.
Si bien el fenómeno no es nuevo, en los últimos asesinatos que se hicieron públicos, como el de Úrsula Bahillo, en la ciudad de Rojas, y el de Guadalupe Carual, en Villa la Angostura, sus familias cuestionaron la pasividad de la Justicia y de las comisarías para evitar los femicidios.
Bahillo y Curual vivían en puntos muy distantes del país y no se conocían, pero tuvieron en común que padecieron violencia por parte de sus exparejas, realizaron denuncias ante la Justicia o la Policía y sus reclamos no fueron escuchados hasta que finalmente fueron víctimas. La indiferencia del Estado frente a sus denuncias motivó las críticas desde todos los ámbitos respecto a las medidas restrictivas contra los agresores.
“Todos los femicidios cometidos durante 2021 fueron claramente evitables. Hace varios años que quedó demostrado que el femicida es una persona conocida por las víctimas, que es o fue la pareja o que en algún momento intentó serlo a través de innumerables acosos”, explicó la abogada Raquel Hermida Leyenda, que se dedica principalmente a defender casos de violencia de género y abuso sexual.
La letrada hace hincapié en que la amenaza ya es un alerta de femicidio: “Una amenaza es un aviso, pero parece que las amenazas agravadas por el vínculo por el contexto de violencia de género no son suficientes para los jueces que no las registran como un verdadero aviso de femicidio”.
La abogada sostiene que desde el punto de vista judicial y legislativo son varias las medidas que se tendrían que tomar para prevenir los femicidios: el urgente sistema de tobilleras electrónicas, una ley para que se condene a quien viola las medidas perimetrales, la existencia de un procedimiento simplificado de denuncias, la unificación de expedientes y que autoridades policiales y judiciales sean condenadas por incumplimiento en los deberes de funcionario público.
La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió al papel de la Justicia y de la Policía tras los femicidios de Úrsula y Guadalupe. “Cada femicidio es un dolor irreparable. Seguimos exigiendo a los Poderes Judiciales que no haya más impunidad ni administración de Justicia ni fuerzas de seguridad sin perspectiva de género. Trabajamos todos los días y alzamos la voz para que no haya ni una menos, nunca más”, relató.
En declaraciones a la prensa, la funcionaria aseguró que “la intervención del Estado no alcanza, pero que desde Nación se hace lo posible para que la coordinación con los Estados nacionales y provinciales se fortalezcan”.
En tanto, Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, coincide en que la mayoría de los femicidios se podrían haber evitado. “Falló la protección efectiva de Úrsula Bahillo, de Guadalupe Curual y de todas las mujeres que acuden a la Justicia a denunciar al agresor”, afirmó.
“Históricamente desde La Casa del Encuentro sostenemos que la violencia de género debe tener un abordaje integral y federal que proteja en forma efectiva a una mujer o compañera trans en esta situación”, añadió.
Las denuncias por violencia de género deben realizarse en las comisarías y en las fiscalías que dependen de cada gobierno local en las 23 provincias del país como así también en la Ciudad de Buenos Aires.
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas.
Con información de Noticias Argentinas (NA).