La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, denunció penalmente al presidente Alberto Fernández y al ministro de Salud, Ginés González García, por la compra de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus y su inminente llegada a la Argentina.
Entre los fundamentos, la dirigente opositora sostuvo que se trata de un atentado “contra la salud pública” al considerar que defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de Funcionario Público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.
Según publicó Clarín, la denuncia incluye a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno ruso”, y menciona a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
“Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores”, expresaron desde la Coalición Cívica.
Y enfatizaron que los primeros en aplicarse la vacuna serán “el personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad de tener bajas, en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria general”.
Asimismo, en la denuncia remarcan que se trata de una “operación comercial sin precedentes” y que “no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”.
“No existe razón fundada para que, una tratativa comercial y sanitaria de esta dimensión, se mantenga en un canal hermético reservado a un minúsculo grupo de funcionarios. Mucho menos cuando esa negociación bilateral, se lleva adelante con un país a cuyo mandatario, le repugna la publicidad de los actos de gobierno”, criticaron con respecto al presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Por otra parte, ponen en relieve el aspecto económico al poner en tela de juicio el monto total abonado por el gobierno argentino para recibir las 300.000 dosis de la Sputnik V: “No sabemos cuánto se abonará por un producto cuya respuesta inmune se ignora y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos”.
